/ lunes 24 de agosto de 2020

Pulso CDMX | Alto a los abusos del Congreso capitalino

Desde sus inicios el Congreso de la Ciudad de México brilló por su opacidad cínica, por el conflicto de interés silenciado de algunos diputados (especialmente en las arcas de la Auditoria Superior), por las violaciones a los procedimientos legislativos y a la recién nacida Constitución de la Ciudad de México en la impunidad. Hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le puso un alto por violentar los derechos políticos de las y los capitalinos en el exterior.

La Constitución local reconoce su derecho a votar y ser votados e incorporó la figura del diputado migrante, también presente en el código electoral, encargando al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitir los lineamientos correspondientes. Sin embargo, hace unos meses la diputada Leonor Otegui (pluri del PRI, que se cambió con manías al PT y hoy “sin partido” respaldada por algunos diputados de Morena) presentó una iniciativa para derogar la figura de la diputación migrante. Afirmando la ausencia de interés por la baja participación política en el extranjero, alegaba que fuera una sobre representación y una votación costosa. A pesar de las manifestaciones contra la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil especializadas como Fuerza Migrante o Iniciativa Ciudadana, colectivos capitalinos en el exterior, expertos activistas como María Hernández, Juventina Montiel, Diana Reyes, Daniel Tacher (integrante de la red de observación electoral y participación de la CDMX) o la migrantóloga Leticia Calderón, se aprobó y publicó no solamente la derogación de la figura del diputado migrante, sino también el derecho de las y los migrantes de elegir a cualquier representante en la Capital. ¿Y el Parlamento Abierto?

Frente a ello, la ciudadanía interpuso un juicio de protección de derechos para impugnar la derogación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad quien se declaró (equivocadamente) incompetente. La sala regional asumió la plena jurisdicción del caso: reconoció de manera audaz que sí los tribunales electorales tienen facultades en materia de control constitucional en caso de violación a la progresividad de los derechos políticos. Declaró inconstitucional la derogación y mandató al Congreso a dotar de recursos al IECM para llevar a cabo la figura. Aun así, Julio César Garrido Carranza y Juan Romero Tenorio representantes de Morena ante el IECM presentaron un recurso de reconsideración ante la sala superior (curioso que también aparezcan contratados como servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México: ¿conflicto de interés?).

Después de un trabajo de gran apertura y análisis del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y de argumentación sólida de la ciudadanía involucrada, el Tribunal Electoral Federal, marcando un precedente en materia de control de constitucionalidad, caracterizó de regresivo la derogación y señaló la medida de la diputación migrante como un mecanismo positivo para un grupo poblacional en general subrepresentado.

Después de 15 años de lucha para una representación política, las y los 600 mil capitalinos en el exterior podrán votar a pesar de este intento más de violencia política e institucional del Congreso de la Ciudad. ¿Y el castigo para quienes violaron la Constitución?

Desde sus inicios el Congreso de la Ciudad de México brilló por su opacidad cínica, por el conflicto de interés silenciado de algunos diputados (especialmente en las arcas de la Auditoria Superior), por las violaciones a los procedimientos legislativos y a la recién nacida Constitución de la Ciudad de México en la impunidad. Hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le puso un alto por violentar los derechos políticos de las y los capitalinos en el exterior.

La Constitución local reconoce su derecho a votar y ser votados e incorporó la figura del diputado migrante, también presente en el código electoral, encargando al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitir los lineamientos correspondientes. Sin embargo, hace unos meses la diputada Leonor Otegui (pluri del PRI, que se cambió con manías al PT y hoy “sin partido” respaldada por algunos diputados de Morena) presentó una iniciativa para derogar la figura de la diputación migrante. Afirmando la ausencia de interés por la baja participación política en el extranjero, alegaba que fuera una sobre representación y una votación costosa. A pesar de las manifestaciones contra la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil especializadas como Fuerza Migrante o Iniciativa Ciudadana, colectivos capitalinos en el exterior, expertos activistas como María Hernández, Juventina Montiel, Diana Reyes, Daniel Tacher (integrante de la red de observación electoral y participación de la CDMX) o la migrantóloga Leticia Calderón, se aprobó y publicó no solamente la derogación de la figura del diputado migrante, sino también el derecho de las y los migrantes de elegir a cualquier representante en la Capital. ¿Y el Parlamento Abierto?

Frente a ello, la ciudadanía interpuso un juicio de protección de derechos para impugnar la derogación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad quien se declaró (equivocadamente) incompetente. La sala regional asumió la plena jurisdicción del caso: reconoció de manera audaz que sí los tribunales electorales tienen facultades en materia de control constitucional en caso de violación a la progresividad de los derechos políticos. Declaró inconstitucional la derogación y mandató al Congreso a dotar de recursos al IECM para llevar a cabo la figura. Aun así, Julio César Garrido Carranza y Juan Romero Tenorio representantes de Morena ante el IECM presentaron un recurso de reconsideración ante la sala superior (curioso que también aparezcan contratados como servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México: ¿conflicto de interés?).

Después de un trabajo de gran apertura y análisis del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y de argumentación sólida de la ciudadanía involucrada, el Tribunal Electoral Federal, marcando un precedente en materia de control de constitucionalidad, caracterizó de regresivo la derogación y señaló la medida de la diputación migrante como un mecanismo positivo para un grupo poblacional en general subrepresentado.

Después de 15 años de lucha para una representación política, las y los 600 mil capitalinos en el exterior podrán votar a pesar de este intento más de violencia política e institucional del Congreso de la Ciudad. ¿Y el castigo para quienes violaron la Constitución?