Hace unos meses México hizo historia con respecto a la regulación de la cannabis gracias a la declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta batalla jurídica por los avances de los derechos humanos, en particular del Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, fue ganada gracias al movimiento emprendido por la ciudadanía, por la sociedad civil organizada, gracias a sus litigios estratégicos, gracias a las evidencias científicas y a las experiencias internacionales.
Desde que algunas personas consiguieron la garantía de su derecho al autocultivo para consumo personal, el Congreso de la Unión tenía que proponer una nueva regulación del consumo y producción de la planta por indicación de la Suprema Corte. Al incumplir, la Corte tuvo que declarar inconstitucional los artículos relacionados a la prohibición absoluta. Desde la declaratoria de inconstitucionalidad reciente cualquier persona adulta puede acudir a COFEPRIS para solicitar un permiso totalmente gratuito para uso, cultivo y transporte de la planta.
Pero la Ley General de Salud sigue calificando de delito la posesión simple y castiga hasta con cárcel a una persona sorprendida con más de 5 gramos de la planta; y a quien se le puede imputar venta. Esta normatividad sigue provocando escenarios de extorsión por la policía. Encarcelar no disminuye el consumo. Las personas encarceladas por posesión simple son víctimas del populismo penal y de un sistema de justicia desproporcional. En vez de concentrar el gasto público de la seguridad y justicia con prioridad en el combate a los delitos violentos de más alto impacto, las autoridades siguen persiguiendo a las personas que portan y consumen cannabis, quienes convivirán con personas que han cometido delitos graves.
Hace unos días, el juicio de amparo presentado en 2018 por México Unido Contra la Delincuencia, que cuestiona la constitucionalidad del delito de posesión simple de cannabis, llegó a la Corte. Contra toda expectativa, el Ministro González Alcántara (supuestamente liberal: por haber apoyado a causas como la discriminación de la planta, la despenalización del aborto o los derechos de las personas LGBTTTI+, incluso como integrante del Grupo Redactor del borrador de la Constitución de la Ciudad de México) presentó un proyecto que avalaría la constitucionalidad del delito por posesión simple y de sus penas de encarcelamiento.
Mientras la discusión se pospuso para analizarse a fondo, llamemos a que las y los ministros sean congruentes y eliminen el delito de posesión simple de cannabis al considerarlo inconstitucional en seguimiento a los avances recientes.
La despenalización de la planta como tal es indispensable, en seguimiento con la jurisprudencia nacional, los ejemplos internacionales y las recientes flexibilizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de fiscalización global de la cannabis. En México, el 70% de la población aprueba la legalización de la cannabis de acuerdo con el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM). El Congreso de la Unión debe legislar y regular con inclusión, congruencia, justicia social, con base en la ciencia y en los derechos humanos; no en los estereotipos o en convicciones personales.
