Escrito en colaboración con Jorge Herrera Valderrábano, cofundador del Instituto RIA integrante de #RegulaciónPorLaPaz.
A 101 años de la prohibición impuesta por los Estados Unidos, en México las violaciones a los derechos humanos se han acentuado por una guerra contra las drogas fallida desde su inicio en el sexenio de Felipe Calderón, pero que sigue siendo la tendencia de la administración actual. 80% de las detenciones federales en 2019 fueron de adolescentes (INEGI). Para propiciar la paz, es irremediable transitar hacia un modelo en donde terminen las detenciones arbitrarias y los abusos de la autoridad por el uso o posesión de una planta; que se acerque a los objetivos de inclusión económica y social, sobre todo del sector agrario; que impulse un escenario pacífico con menos violencias directas o estructurales.
Así como Canadá o Uruguay, México está caminando rumbo a una ruta distinta desde hace algunos años: la sociedad civil ha impulsado un nuevo paradigma con información certera y menos prejuicios sobre la cannabis. Los litigios estratégicos iniciados por colectivos y activistas sociales resultaron en más de cinco amparos aprobados en la Suprema Corte, con lo cual, se generó jurisprudencia para el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a cultivar cannabis sin fines de lucro en sus casas para consumo personal.
En otras palabras, la Corte ya declaró que la prohibición absoluta del acceso a esta planta es una violación a los derechos constitucionales, y por lo tanto, el Congreso debía haber modificado ya la ley. Con ello, se permitiría el acceso a quien lo quiere y lo requiere, y no únicamente a quien puede pagar un proceso legal para sacar su amparo. Los derechos deben ser para todas las personas, y no solo para quien tiene el tiempo y dinero para exigirlos.
Tres prórrogas después, el Congreso prefirió seguir poniendo pretextos ante la garantía de nuestros derechos. Ahora, le toca al Poder Judicial hacer lo propio y emitir una Declaratoria General de Inconstitucionalidad para que se modifique la Ley General de Salud para permitir el autocultivo, posesión y uso de la cannabis.
Las necesidades de las personas usuarias son tan diversas como los efectos de la planta. Debe existir la posibilidad de cultivar, pero también de acudir a un dispensario por productos específicos y seguros. Las comunidades cultivadoras deben tener la oportunidad de comercializar sus cosechas y brindar sustento a sus familias con información y legalidad. En vez de seguir desperdiciando recursos en una guerra perdida, el Estado tiene ya la responsabilidad de determinar la ruta para aprovechar esta industria para nuestro desarrollo nacional: privilegiando lo local frente a las transnacionales interesadas. La regulación incluyente del mercado es el siguiente paso obligatorio. Persona usuaria o no puedes apoyar la lucha por los derechos. ¡Súmate a las exigencias que seguimos impulsando desde #RegulaciónPorLaPaz! Comparte nuestro comunicado y menciona en redes sociales a las y los ministros de la Suprema Corte contándoles cómo sería tu vida con cannabis legal, solicitando que voten a favor de la declaratoria en contra de la prohibición. ¡Sí a los derechos y al libre desarrollo de la personalidad!
