De acuerdo con el INEGI, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. De 2017 a 2020 los feminicidios han crecido de 7 a 10.5 cada día. En la Ciudad de México, entre las primeras entidades federativas de mayor violencia de género, Iztapalapa es la alcaldía con más feminicidios, seguida de Cuauhtémoc sin que exista una estrategia coordinada eficaz. Estas cifras oficiales son aún más altas ya que el 99.7% de los delitos de violación y el 99.8% de los delitos de hostigamiento/acoso y abuso sexuales no se denuncian.
La violencia y especialmente la violencia de género nunca debería de dejar de indignarnos. La violencia de género se expresa en todos nuestros espacios cotidianos y no debe de invisibilizarse en ninguno. La tendencia a la aceptación y a la normalización de la violencia es un peligro y un retroceso para cualquier sociedad democrática y de derechos; un obstáculo determinante en la búsqueda de un país en paz, en la cruzada para un México de iguales.
A pesar de las llamadas de atención y preocupación de la ONU por el contexto violento contra las mujeres en México, el fenómeno se robustece y se minimiza desde las más altas esferas el Estado. La violencia que viven las mujeres es una responsabilidad colectiva. Los partidos políticos también son corresponsables. Tienen la capacidad de agravar esta violencia o de contribuir a prevenirla e impedir la impunidad. Los partidos políticos son el filtro para la representatividad de nuestra democracia: deciden quienes pueden llegar a un cargo de elección popular, y quienes no. Inciden directamente en la calidad de nuestros gobiernos, y por ende en la forma de guiar nuestra sociedad.
De hecho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el mecanismo de la declaración “3 de 3 Contra la Violencia”, impulsado por la sociedad civil, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres. Establece que para ser candidato no se debe haber sido condenado o sancionado por violencia familiar y/o doméstica, por delitos sexuales o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
Los partidos políticos no solamente sirven en coyunturas electorales. Son también un mecanismo de control democrático permanente y deben impedir que agresores sean candidatos. El privilegio de la impunidad no debe existir. Por eso, hace unos días ejerciendo sus derechos como ciudadanas de tiempo completo, feministas, activistas e integrantes de Movimiento Ciudadano solicitaron a la Cámara de Diputados se inicie un juicio político contra Félix Salgado Macedonio, senador y candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, acusado de violación y delitos sexuales en varias ocasiones, y con una carpeta de investigación en curso. El fuero no puede ser herramienta de impunidad y de dominación del patriarcado.
Mujeres, hombres, personas no binarias: en este reto para igualdad y la justicia no importa el género. La lucha contra la violencia de género debe ser universal. Puedes apoyar firmando la petición en línea https://accion.activistasmx.org/petitions/somos-mas-firmas-que-solicitan-a-la-camara-el-fuero-de-salgado-macedonio. ¡Ni una mujer violentada más!
