Con dos años de retraso y un intento fallido se lanzó formalmente la consulta ciudadana sobre el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Estos planes fijarán las líneas para el desarrollo de la Ciudad para los próximos 20 años, rumbo a una sociedad más cohesionada, igualitaria, justa, habitable, ordenada y amigable con el medio ambiente con base en el Derecho a la Ciudad.
Los textos propuestos por la Jefa de Gobierno y el Director del recién creado Instituto de Planeación serán sometidos a un proceso de participación social mediante foros, asambleas vecinales, consultas a pueblos originarios, así como gracias a una herramienta digital en la cual cualquier persona podrá hacer sus aportaciones (www.plazapublica.cdmx.gob.mx) a partir de agosto. El 13 de noviembre iniciará la sistematización de todas las participaciones y en enero se entregarán los documentos enriquecidos al Congreso de la Ciudad de México. En caso de no respetar el plazo de los 6 meses para debatir y votarlos (como suele suceder), se considerarán aprobados. Una vez más las y los diputados deberán modificar la Ley ya que desde un inicio establecía que el Plan General debía haber entrado en vigor el 1 de octubre de 2020. No es la única vez que el Congreso o el Gobierno de la Ciudad de México violan la Constitución capitalina en la impunidad. A la fecha es de resaltar la omisión de pendientes fundamentales que marca la Constitución como la creación de la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Cuidado o los derechos de las personas no asalariadas. La convocatoria para conformar el Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación, quien debió haber opinado sobre este proceso de consulta, también acaba de publicarse con retraso.
¿En este contexto, cómo motivar a la ciudadania para que participe? ¿Cómo exigir a la población que cumpla la ley si las personas que nos representan o nos gobiernan no cumplen con los fundamentos del Estado de Derecho en el ámbito local?
A pesar de ello, es fundamental que la academia, la iniciativa privada, la sociedad civil y la población en general, especialmente las juventudes, así como las poblaciones históricamente excluidas y vulneradas participen. No permitamos que el futuro de nuestra Ciudad sea producto de casualidades, o coyunturas partidistas. Es momento de conciliar y de establecer nuevas bases en conjunto. Es la oportunidad de ir desmantelando la visión neoliberal y segregada de la planeación urbana con territorios desfavorecidos. deberá ser la justicia ambiental para desarrollar la Ciudad con base en sus ecosistemas y las realidades de la naturaleza en un contexto grave y cada vez peor de crisis climática, desgraciadamente aún silenciado por nuestras autoridades.
¿Cuáles serán los mecanismos o la metodología que definirán cuáles de todas estas aportaciones ciudadanas serán tomadas en cuenta? ¿Cada una de ellas tendrá una respuesta formal fundamentada? Debe de exigirse. Aunque algunos partidos de oposición rechazan participar, vociferando una potencial simulación, es fundamental desde la ciudadanía hacer nuestros estos mecanismos de democracia participativa rumbo a la construcción de consensos para la Ciudad de Derechos que nos merecemos.
