Después de más de dos años, por fin la Secretaría de Gobernación nombró a una persona titular para presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Aunque no haya dejado de trabajar en ese periodo, el CONAPRED había perdido voz en la escena pública. Las intenciones de su supuesta desaparición sonaban cada vez más fuertes, bajo el principio por excelencia del neoliberalismo de la austeridad republicana para justificar el desmantelamiento del Estado en un México plagado por la discriminación.
Claudia Morales Reza, activista originaria de la comunidad Wixárika, será la primera mujer indígena en ocupar este cargo, lo que nos recuerda la falta de representatividad de los pueblos originarios en los puestos de toma de decisión de Gobierno, del poder legislativo o judicial: una deuda histórica pendiente.
El CONAPRED juega un papel esencial en la producción de información, de material educativo, guías de atención y en la incidencia pública para la prevención, atención y lucha contra la discriminación de grupos de atención prioritaria (entre ellos comunidades indígenas y afrodescendientes, personas migrantes, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ+, personas jóvenes o mayores). Su voz ha contribuido a impulsar normas de inclusión y reconocimientos legales históricos de derechos, como recientemente para las personas trabajadoras del hogar o para las personas trans.
Su función redobla de urgencia para deconstruir los prejuicios en un contexto social actual polarizado tenso y agresivo. Se prefiere aislar a las personas con discapacidad que incorporarlas. El racismo y el clasismo siguen siendo incisivos y cotidianos, a veces en nuestros círculos más cercanos. El color de piel sigue siendo una de las primeras causas de discriminación y exclusión. La discriminación mantiene en la pobreza a millones de personas en México. Las fobias matan. México es de los países de la región con más crímenes de odio por cuestiones de identidad/expresión de genero u orientación sexual. En una democracia que promueve el “Estado de Bienestar”, la protección de los derechos de las minorías debe estar en la base de la construcción social y de la acción pública. ¿En este sentido, es suficiente que el Gobierno le invierte alrededor de 1.18 pesos por habitante al año en materia de prevención contra la discriminación a través del CONAPRED?
Además de su austeridad presupuestal y amenazas de recortes constantes, el CONAPRED carece de funciones para fortalecer su impacto en materia legislativa, de defensa jurídica, de respeto y cumplimiento de sus resoluciones, para sancionar, para reparar el daño o incluso para la producción y sistematización de la información. Una dimensión insuficiente para capacitar a todas las personas servidoras públicas, para atender de manera adecuada a cada una de las minorías del país o para territorializar las acciones de prevención e información desde la escala local.
En este nuevo aire para la lucha contra la discriminación desde el CONAPRED, la vinculación, la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y con los activismos deben ser la clave para dar la respuesta contundente y urgente que nuestro México diverso necesita rumbo a una democracia social de iguales.
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