La Doctora María Elizabeth Montaño fue encontrada sin vida en la carretera México Cuernavaca. Desde las instituciones, perseguía la inclusión y la atención de las personas LGBTTTI+ en el sistema de salud. Ocurre a 10 años del fallecimiento de Carlos Monsiváis, comprometido contra la discriminación; pero también en medio de las desacreditaciones injustas y amenazas públicas preocupantes contra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
El CONAPRED juega un papel esencial en la producción de información, de material educativo, guías de atención y en la incidencia pública en la prevención, atención y lucha contra la discriminación de grupos como los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, personas migrantes, personas con discapacidad, personas LGBTTI+, personas mayores... Su voz ha contribuido a impulsar normas de inclusión y reconocimientos legales históricos de derechos, como recientemente para las personas trabajadoras del hogar o de las personas trans.
Su función redobla de urgencia para desmontar los prejuicios de un contexto social actual polarizado tenso y agresivo. Porque todavía se prefiere aislar a las personas con discapacidad que incorporarlas; porque el racismo y el clasismo siguen siendo incisivos y cotidianos, a veces en nuestros círculos más cercanos; porque las personas con piel morena o negra son maltratadas; porque las niñas tienen el derecho de tener las mismas oportunidades que los niños y que los hombres también deben cuidar a sus hijas e hijos; porque el derecho a la identidad/expresión de género y orientación sexual es una libertad individual que no puede someterse a consulta.
La discriminación mantiene en la exclusión a millones de personas en México, además de vivir en la pobreza, y a veces en sus propias familias. La discriminación y las fobias matan. México es de los países de la región con más crímenes de odio por cuestiones de identidad/expresión de genero u orientación sexual. La protección de los derechos de las minorías es fundamental para cualquier ejercicio de fortalecimiento democrático.
¿Es suficiente que hoy el Gobierno le invierta 1.18 pesos por habitante al año en materia de prevención contra la discriminación a través del CONAPRED? ¿Son suficientes 3 direcciones generales y 9 direcciones de área para más de 126 millones de habitantes? ¿Sabían que los sueldos que recibe su equipo son de los más bajos de la Administración Pública Federal?
Además de su austeridad presupuestal, el CONAPRED carece de funciones para fortalecer su impacto en materia legislativa, de defensa jurídica, de respeto y cumplimiento de sus resoluciones o incluso para detonar las sanciones y medidas de reparación adecuadas. Una dimensión insuficiente para capacitar a todas las personas servidoras públicas, para atender de manera sectorizada a cada una de las minorías del país o para territorializar las acciones de prevención e información en todas las comunidades locales.
Muchas organizaciones de la sociedad civil, personas activistas, legisladoras, académicas, defensoras de derechos humanos e incluso Organismos Internacionales (como el Sistema de las Naciones Unidas) han expresado su respaldo para el fortalecimiento del CONAPRED. Desaparecerlo sería antidemocrático.
