La semana pasada el Congreso de la Ciudad de México volvió a brillar. Esta vez la Jefatura de Gobierno le regresó al Congreso local 6 decretos de reforma de ley incluyendo la Ley de Víctimas (por segunda vez), por errores jurídicos de forma y fondo. Los errores y faltas al reglamento y procesos legislativos no son la excepción sino se volvieron recurrentes en la primera legislatura histórica del Congreso de la Ciudad de México. Las y los diputados locales tienen repartidos puestos y funciones técnicas, administrativas, financieras y de comunicación en función de corrientes partidistas sin ninguna evaluación o mecanismo de control eficiente de su trabajo. En el Congreso de la Ciudad de México la ley de cuotas y cuates prevalece, incluso por encima de los criterios establecidos en la norma para ocupar puestos administrativos de alto nivel que requieren profesionalismo, y en varias ocasiones técnica jurídica.
El Congreso de la Ciudad se encuentra también en una situación violatoria de derechos por omisión legislativa, es decir por no estar respetando los tiempos originalmente establecidos en la Constitución de la Ciudad de México para legislar y garantizar los derechos de sus habitantes, por ejemplo en el caso de la ley para las personas no asalariadas (quienes hoy en plena pandemia deberían contar al menos con seguridad social y seguro de desempleo; lo mismo en materia de participación ciudadana o planeación urbana violando el Derecho a la Ciudad.
Estas faltas y violaciones legales han sido señaladas públicamente por la ciudadanía, los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y por algunos diputados locales en la impunidad general. El nombre de las y los responsables es un secreto a voces en el medio de la administración pública local motivada por el nepotismo, la falta de apertura y la impotencia de los órganos de control, frente a la ausencia de un servicio profesional de carrera (como lo contempla el orden constitucional local). No solamente se viola el derecho constitucional al buen gobierno y a la buena administración sino también a los principios básicos del Parlamento Abierto, a pesar de haberse comprometido por unanimidad hace más de un año en respetarlos mediante un punto de acuerdo presentado por MORENA.
De acuerdo con la Alianza para el Parlamento Abierto, un Parlamento o Congreso Abierto es profesional, transparente, rinde cuentas, fomenta la pluralidad y la participación ciudadana, utiliza la tecnología. Existen 10 variables que determinan qué tan abierto es un órgano legislativo: derecho a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, información presupuestal y administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos y software libre, accesibilidad y difusión, conflictos de interés, legislación a favor del gobierno abierto. Esta semana se conmemora la semana mundial de la apertura legislativa (GLOW 2020) que recogerá esos elementos y reflexionará sobre esos retos.
El Estado de Derecho está basado en el respeto de la norma jurídica. ¿Cómo exigirle a las y los capitalinos cumplir con las leyes si las y los que la hacen, lejos de dar el ejemplo, la contradicen y violan seguido?
