“No podemos hablar de Estado democrático de Derecho sin participación igualitaria.” Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
Hace unos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) rectificó un acuerdo suyo, creando un precedente fundamental para el fortalecimiento democrático de México. El INE había publicado un acuerdo que obligaba a los partidos políticos presentar candidaturas bajo el principio de paridad e incluyendo lugares de representación para las personas indígenas. Impugnaciones ciudadanas y pronunciamientos de instituciones de prevención y lucha contra la discriminación, como el COPRED, han logrado a que este acuerdo incluya también la obligación de los partidos políticos a incluir candidaturas para personas con discapacidad, personas afrodescendientes y personas de la diversidad sexual. En este proceso, el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue determinante. El INE deberá incluir la misma obligación para la inclusión de las personas jóvenes frente a la cooptación política de la representación popular por un grupo etario mayor.
Por primera vez en la historia democrática de México, e incluso con un enfoque vanguardista mundial, los partidos políticos tendrán que incluir a grupos de atención prioritaria o en condición de vulnerabilidad. Es obligación de cualquier Estado de Derecho y básico para una democracia representativa real. El INE no solamente cumple una función electoral sino también un papel de fortalecimiento democrático igualitario. En 2018, el INE ya había creado un precedente en materia de derecho a la identidad y de inclusión con el protocolo y la capacitación nacional para garantizar el derecho al voto de las personas trans, replicando una buena práctica originaria de la sociedad civil implementada en la Ciudad de México por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el COPRED.
Este acuerdo debe ser el inició de una ola por la igualdad en cada rincón del país y no solamente para cargos de diputación federal. En cada Estado los Institutos Electorales deben replicar esta acción afirmativa para garantizar también la igualdad para puestos de elección local. En esta tarea indispensable para mejorar la representatividad y la apropiación de nuestra democracia, los partidos políticos son claves. Deben ser vehículos proactivos para alcanzar una mejor democracia. Pueden incluir por convicción cuotas sin que tengamos que esperar una obligación impuesta por la autoridad electoral.
La igualdad en la representación popular es un camino complejo. Promover que los partidos incluyan en sus candidaturas a poblaciones históricamente discriminadas no es suficiente. Estas personas candidatas deberán ser postuladas en espacios con una oportunidad seria de llegar. No permitamos que sean candidaturas pantallas y testimoniales. Una vez que estas personas hayan ganado la elección también se les debe incluir en cargos de toma de decisión. En general, y como es el caso de la supuesta paridad, las personas que provienen de los grupos en situación de vulnerabilidad encuentran dificultades para presidir las Comisiones u ocupar posiciones importantes dentro de los Congresos, las mujeres también.
