De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Mitofsky, 81% ha oído hablar de los Derechos Humanos. El 72.8% piensan que en la Ciudad de México no se respetan o se respetan poco. Desde 2013, las encuestas resaltan entre los derechos humanos más importantes: el derecho a la salud, a la educación, al trabajo a la vivienda; derechos hoy aún más vulnerados con el aumento de la pobreza. Entre 2018 y 2020, la pobreza extrema ha aumentado de más del 160% en la Capital.
Desde 1948, cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos recordando la Carta Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU: documento básico del derecho internacional que recoge todos los derechos que deben ser garantizados a las personas independientemente de su nacionalidad o de sus orígenes, buscando promover y asegurar el mantenimiento de la paz sostenible. En esta semana de conmemoraciones por nuestros derechos es fundamental leerla, volverla a consultar, difundirla y recordar los distintos artículos que la conforman empezando por el primero: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
Los derechos humanos no son un invento del neoliberalismo como lo amedrenta peligrosamente el Presidente. Deben justamente proteger a la ciudadanía y reparar los efectos depredadores de políticas neoliberales y autoritarias impuestas cada vez más intensas y descontroladas en nuestro país. Tal vez lo dice porque en México las personas en situación de pobreza no tienen acceso a estos derechos, tampoco a una justicia de iguales; aunado a que organismos “autónomos” sean cada vez más cómplices del gobierno en turno o estén siendo desmantelados por el mismo.
La democracia no es votar a cambio de un apoyo social insuficiente esclavizador. Es contar con un régimen de gobierno que proteja y garantice ante todo el Estado de Derecho y la protección de nuestros derechos humanos con instituciones robustas, con una justicia autónoma, libre y accesible para todas las personas independientemente de su estatus socioeconómico o de su ubicación geográfica. En este sentido, preocupa el declive del Índice del Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project en México, que por cierto califica a la Ciudad de México entre las 5 entidades locales peor calificadas.
En la Ciudad de México, las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos también cuentan con desigualdades. No todas prosperan con la misma velocidad o con la misma prioridad, en función de los temas denunciados o de quien las atiende a pesar del esfuerzo de su presidenta comprometida con la ciudadanía. De hecho, para hacer más eficiente la garantía de los derechos humanos, el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación constitucional pendiente (violentada en total impunidad por la primera legislatura) de adaptar el marco legal con base en la creación de un modelo de justicia y defensoría del pueblo más accesible. A la fecha, el Congreso no cuenta con hoja de ruta ni fechas de cumplimiento. La omisión también es una violación a nuestros derechos.
