En su acto narcisista mañanero del 16 de diciembre, el Presidente ya radicalizó su propaganda contra el ambientalismo en pleno colapso climático. No solamente propició la desinformación, asegurando que la COP26, de la cual se burló, había autorizado producir más petróleo, sino que justificó el desmantelamiento institucional de análisis y protección ambiental del Estado. De hecho, México recibió durante la COP26 el nombramiento del fósil del día por parte de la red internacional Climate Action Network (red compuesta por más de mil 500 organizaciones de la sociedad civil de 130 países) quienes denunciaron la política anticlimática de la administración actual.
Además de violentar los acuerdos internacionales priorizando un modelo de desarrollo basado en la destrucción de los ecosistemas, en la deforestación, en la producción de más energías fósiles y de más emisiones de gases contaminantes, el Presidente ya lleva un rato desmantelando el andamiaje institucional en materia ambiental. La salida del ambientalista Víctor Toledo le dejo el camino libre para la colocación de cuotas y cuates o del famoso fenómeno del posicionamiento del “personal de confianza” en los puestos más estratégicos para pavimentar el camino de la destrucción ambiental acelerada.
Todo lo que no controla, lo destruye. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya entró a la lista de las víctimas de la centralización autoritaria del poder presidencial. El Instituto reporta públicamente las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas más contaminantes, señalando a las peores criminales: PEMEX y CFE, grandes consentidas de esta transformación antiecológica dictada desde la silla del Palacio Nacional. También se encarga del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire reportando los niveles de contaminantes atmosféricos alertando sobre su empeoramiento preocupante para la salud pública. Al respecto, a la fecha el informe 2020 aún no se ha publicado a pesar de la obligación institucional existente. Personas funcionarias incluso han denunciado en el anonimato las presiones y bloqueos de la SEMARNAT que ya concentrará a modo estas funciones.
Si bien esta flamante transformación institucional deberá pasar por el poder legislativo federal mediante una reforma a la Ley General de Cambio Climático, las y los diputados de la mayoría obedecerán una vez más sin estudiar, sin contemplar la emergencia climática entre sus prioridades y actuarán como manda el jefe supremo. Más de 80 organizaciones, personas expertas y activistas han firmado un posicionamiento público expresando y explicando atinadamente lo preocupante de la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Ese día nuevamente se dirigió con desprecio, descalificando el trabajo de las personas activistas ambientalistas insultándoles de farsantes. Este acto es inaceptable desde esta tribuna pública por las implicaciones que tiene ante la ciudadanía y en uno de los países más violentos para las personas ambientalistas, periodistas y defensoras de derechos humanos. Toca actuar, visibilizar, registrar y denunciar ante la gente y ante el mundo esta crisis democrática cada vez peor…
