La defensa y la exigibilidad de los derechos de las personas privadas de su libertad se enfrentan comúnmente a la estigmatización, a los prejuicios, a la desinformación o a la ignorancia. Muchas de las problemáticas violentas que dañan cada vez más nuestra sociedad pueden entenderse y combatirse a partir de una estrategia de investigación, prevención y de reinserción social desde los reclusorios. En los últimos años los gobiernos han preferido orientar su política de seguridad hacia el populismo punitivo cortoplacista, por ejemplo, con la ampliación del catálogo de delitos que detonan medidas autoritarias de prisión preventiva; incluso en algunos casos contra la presunción de inocencia violando derechos humanos básicos.
Hace unos días, el Presidente López Obrador anunció una medida prometedora de excarcelación para las personas víctimas de tortura, para las personas acusadas de delitos no graves del fuero federal mayores de 75 años, que no han sido sentenciadas tras 10 años en prisión o para las personas adultas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. En sus declaraciones públicas comentó que saldrían también aquellas personas que demostrarán haber sido víctimas de tortura, sin importar el delito por el que se les acuse ni su edad. En esta batalla por la no violencia y por una justicia real y accesible, el liderazgo de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero será clave, como lo hizo en su momento generando un precedente histórico tras la liberación de Florence Cassez.
Si bien la medida fue celebrada por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de justicia, se recordó que mucho de lo planteado ya está previsto en la normatividad vigente: como en la inaplicada Ley de Amnistía o contemplado por el nuevo sistema de justicia. El artículo 20 constitucional asegura que nadie puede pasar más de dos años en prisión preventiva sin sentencia. Pero hoy el 43% de las personas que están presas no han recibido sentencia, y la mayoría por supuestos delitos del fuero común. Por ello, se debería replicar la medida en el ámbito local, así como lo anunció la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, junto con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Nashieli Ramírez. Mientras, los tratos crueles e inhumanos siguen siendo parte de la cotidianidad silenciada, especialmente en el reclusorio femenil de Santa Martha, en la impunidad e indiferencia de las autoridades a pesar de las denuncias reiteradas de activistas, periodistas, de la sociedad civil y de las familias de las personas privadas de su libertad.
Este decreto presidencial debería también incluir a las personas sentenciadas que han sufrido injusticias, actos de tortura o tratos crueles; a todas estas personas quienes por falta de recurso económico para acceder a una justicia digna se han convertido en víctimas de la fábrica sistémica de culpables, como lo demostró de manera brillante hace algunos años el documental “Presunto Culpable”.
Más allá de los decretos, es urgente garantizar el derecho a la reinserción social de manera adecuada y sustancial como lo plantearon decenas de organizaciones de la sociedad civil, presentando una propuesta de reforma constitucional en el Senado de la República, la cual sigue desatendida.
