¿Se han preguntado cuál es la situación laboral de las y los repartidores? ¿Alguna vez han escuchado e intercambiado sobre sus vivencias? Detrás de unos clics en una aplicación para satisfacer nuestras necesidades o nuestros antojos consumistas, diario se violentan derechos laborales de quienes se volvieron ya indispensables. La precariedad laboral, la discriminación y la violencia urbana son las realidades cotidianas de cientos de personas que todos los días arriesgan sus vidas sin protección en las calles. Desde marzo de 2020 al menos 57 personas repartidoras han muerto en el ejercicio de su trabajo.
A pesar de formar parte de la economía formal, pagando ya impuestos y una cuota a las aplicaciones para poder trabajar, no cuentan con seguridad social ni protección legal laboral. Convenios digitales entre las aplicaciones y sus “socios”, pueden modificarse sin aviso ni acuerdo colectivo, puesto que oficialmente no existe ninguna relación laboral entre las aplicaciones y las y los repartidores; un abuso símbolo de la explotación laboral del neoliberalismo 2.0 que hasta la fecha los gobiernos se han negado a visibilizar o a atender desde una perspectiva incluyente de derechos y de justicia social.
De manera unilateral e inesperado, el Gobierno de la Ciudad de México, junto con la mayoría política del Congreso de la Ciudad de México decidieron hace unos días tomar medidas para gravar con 2 por ciento a las plataformas electrónicas de reparto a domicilio, provocando una polémica y un descontento justificado por parte de las personas repartidoras. Además de no beneficiarle a la clase trabajadora, aún no existe ningún mecanismo para asegurar que este nuevo impuesto no se traslade al consumidor o a las y los trabajadores. Hoy se instalará una mesa de diálogo con representantes de aplicaciones y de las personas repartidoras junto con el Gobierno local para tal vez redefinir los términos de dicha iniciativa.
En vez de privilegiar el diálogo abierto, transparente y participativo, ya algunos sindicatos e incluso grupos partidistas están viendo a las y los repartidores como un botín político, replicando prácticas tradicionales de cooptación y de creación de una clientela.
Ser repartidor o repartidora fue tomado por muchas personas como una oportunidad para paliar un déficit de oferta laboral, o incluso como otro ingreso frente a la situación de pobreza laboral en crecimiento. Este sector se compone también de muchas personas jóvenes estudiantes que necesitan trabajar y que esta modalidad de horarios flexibles les es compatible. No merecen el trato de desprecio social al cual se están enfrentando a pesar de sus labores fundamentales. Han sido piezas claves después del sismo del 2017, así como durante la pandemia en sus más severas fases y en la actualidad.
Además de su obligación incumplida en la regulación del trabajo no asalariado, las y los diputados tienen el deber de legislar para restablecer el equilibrio de la relación laboral que sí existe de facto entre las aplicaciones y las personas repartidoras. Deben abrir un diálogo con las plazas comerciales y el gremio restaurantero que en muchas ocasiones propicia exclusión y discriminación a pesar del sostén que ellas y ellos representan para el sector restauranteros y de los servicios.
