El 7 de julio pasado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por primera vez adoptó una resolución condenando explícitamente la legislación que penaliza las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y las diversas identidades de género. Exhortó a los países que modificarán cualquier legislación discriminatoria y luchar contra cualquier acto de violencia por cuestiones de orientación sexual o identidad de género.
Llega el mes de julio y ya se guardan las banderas diversas. Ya desaparecen los comerciales incluyentes y “friendly” de la temporada. Pero las poblaciones de la diversidad sexual y de género todo el año nos quedamos con los pendientes de una igualdad real, con la esperanza que la agenda pública y legislativa corrijan el rumbo del sistema patriarcal heteronormado dominante.
Si bien es de celebrar cualquier avance desde lo local en materia legislativa, a cuentagotas, especialmente para el matrimonio igualitario, la identidad de género o la prohibición de las mal llamadas de conversión, clasificadas como tortura por la ONU, no podemos aceptar que México sea un país a velocidades distintas en materia de avance de derechos. La igualdad de derechos debe ser un piso parejo en todo el territorio mexicano. Y justamente por esta razón el Estado a través del Gobierno y de los poderes federales tienen la obligación de detonar ya una agenda pública y legislativa que le dé la prioridad necesaria a los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+. ¿Cómo podemos evocar un Estado de bienestar cuándo el desabasto de medicinas pone en riesgo la salud física y emocional de la ciudadanía? ¿Por qué siguen bloqueando o posponiéndose las reformas legislativas de prohibición de las prácticas torturantes contra las personas LGBTTTIQ+ o para una seguridad social de iguales? La diputada federal Salma Luevano, primera diputada trans de la historia del país por la cuota arcoíris conseguida a golpe de sentencia tras una victoria jurídica, llama con justa razón a que las comisiones dictaminen las iniciativas y las presenten al pleno para su votación, y así avanzar realmente en materia de inclusión y no discriminación. Hay iniciativas que ni siquiera se dictaminaron y se desecharon por no cumplir con los tiempos del periodo legislativo.
En este sentido, todo el año las personas LGBTTTIQ+ siguen apoyadas por los activismos y las organizaciones de la sociedad civil pilares fundamentales de una democracia funcional que juntos luchan por un México diverso de iguales. El INEGI hace unos días confirmaba nuestra presencia relevante entre la población mexicana. Somos al menos 5 millones, al menos el 5.1% de la población total, sin incluir a todas las personas que deciden con libertad y derechos no hacer público o no autoadscribirse a estas categorías poblacionales. La 44 Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México lo demostró, haciendo realidad las consignas de las primeras marchas en la Ciudad: ¡Somos un chingo y seremos más! Al respecto, el Comité IncluyeT de la Marcha puso nuevamente a la luz reivindicaciones básicas para el derecho a la salud, a la vida, a la seguridad, entre otros, además de compartir un relato completo basado en evidencias de lo ocurrido en esta edición que vale la pena consultar.
Aquí para consultarlo: https://twitter.com/MarchaLGBTCDMX/status/1545194673324658691?s=20&t=MQkS-4MwVeaD0OceT0_4Cw
