Roma, Santa María de la Ribera, Centro y más, las colonias céntricas de la Ciudad de México están viviendo desde hace unos años un proceso de gentrificación. La gentrificación es un proceso en general provocado por los sectores inmobiliarios y financieros, que tiende a expulsar a las y los habitantes de un barrio, sustituidos por otros por su mayor capacidad adquisitiva para comprar o rentar en la zona. Frente a ello, Gobiernos y ciudadanía deben impulsar una estrategia común de contención.
La gentrificación afecta a casi todas las grandes ciudades del mundo y obliga a repensar el modelo de ciudad que queremos. Por ejemplo, la llegada de aplicaciones tecnológicas como Airbnb en un contexto de ausencia de reglas o de Estado de Derecho débil puede empeorar la situación de exclusión social de las poblaciones originarias. Recientemente varios legisladores locales de Morena en el Congreso de la Ciudad de México han respaldado una iniciativa que pretende prohibir esta actividad en la Capital. La prohibición arbitraria de este tipo de giros innovadores puede ser un freno a la inversión (en un contexto económico pasmado) y acentuar la desconfianza de la iniciativa privada por la incertidumbre generalizada e institucionalizada. Sin embargo, una regulación transparente puede contribuir a mediar entre la libertad económica, el derecho de la propiedad privada, privilegiando el sentido de justicia social y el Derecho a la Ciudad, como lo están haciendo la mayoría de las grandes ciudades del mundo.
¿Qué política de desarrollo para nuestro Centro? ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo mantener y seguir revitalizando nuestros espacios y nuestro patrimonio en un contexto agudo de austeridad y escasez de recaudación fiscal? ¿Cuántos edificios están desocupados y abandonados?
Esas preguntas son las incógnitas de una ausencia de un esquema de planeación urbana a corto, mediano y largo plazo basado en evidencias científicas ambientales, económicas y sociales. Esta ausencia resulta nuevamente de una serie de incumplimientos de las obligaciones constitucionales de la primera legislatura del Congreso capitalino; en la impunidad generalizada. A falta de plan estructurado, el Estado no puede responder adecuadamente al peligro de esos fenómenos de gentrificación y desposesión del Centro.
La pandemia está amenazando aún más a las poblaciones locales. Las personas locatarias del Centro de la Ciudad no tienen como pagar sus rentas por las múltiples crisis y la insuficiencia de la ayuda del Estado, a comparación de la intensidad del daño socioeconómico provocado. Habitantes, locatarios y comerciantes han denunciado públicamente situaciones de acosos institucionales injustificados y extorsiones por parte de algunas autoridades locales. Muchos aguantan, agachados por el miedo a la represión o a una acción aún más violenta.
La gestión urbana debe democratizarse desde una visión real de Gobierno Abierto, con la participación de las y los habitantes, así como de las personas expertas en la materia. Las consecuencias de una ausencia de planeación se están agravando cada día más, perjudicándoles a las personas más desprotegidas. Una estrategia de planeación es una herramienta idónea en la lucha estructural y profunda contra las desigualdades.
