En México 6 de cada 10 jóvenes se sienten excluidos, solamente el 20% de ellas y ellos tienen el privilegio de estudiar. El 41% de las violencias sexuales afecta a personas menores. La falta de oportunidades laborales y la violencia afecta de manera brutal a quienes son el futuro del desarrollo, pero quienes viven y mueven el presente.
Los criterios de la administración pública cambian radicalmente de un estado a otro en materia de juventudes, o es ausente de las prioridades de la acción gubernamental. Por ello, es fundamental reconocer a las y los jóvenes como sujetos de derecho en la Constitución mexicana, diseñar una Ley General de Juventudes que homologue el acceso a estos derechos en todos los niveles de Gobierno en los distintos territorios, siempre reconociendo las diversidades de este tercio de la población.
Desde ya dos años, la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados integrada por legisladoras y legisladores jóvenes comprometidos con perfiles nuevos en la política mexicana como Celeste Ascencio, Lucia Riojas o Alejandro Viedma, ha dado la batalla para que se de prioridad al tema. Si bien el Senado ha aprobado la modificación constitucional necesaria para que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de juventudes, el proceso se encuentra detenido en la Cámara de Diputados. De hecho, las y los senadores siguen sin ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los jóvenes, por resistirse al tema de los derechos sexuales y reproductivos en un país donde la ausencia de educación sexual es un freno para el desarrollo y la inclusión de todas las personas.
También detonaron un proceso participativo mediante foros locales y la realización de un Parlamento Juvenil sobre una propuesta de iniciativa de Ley General de Juventudes en el cual participaron 300 jóvenes de todo el país. El uso de las nuevas tecnologías podría ser muy útil para seguir presionando, informar de manera accesible y amigable sobre el resultado de esos ejercicios desde una visión de Parlamento Abierto, así como detonar procesos de participación digital (creación de un chat o foros digitales; subir el texto en la nube para su análisis y sistematización de los comentarios electrónicos).
La falta de información oficial sobre las juventudes y las políticas implementadas obstaculiza la elaboración de una estrategia de atención concreta, basada en prioridades, con objetivos y resultados tangibles. Bastante cuestionado, el Instituto Mexicano de la Juventud ha sido silenciado frente a una política masiva sin precedente discutida de transferencia económica. Aún no publica un programa de desarrollo concreto para las juventudes, tampoco una estrategia de transversalización de la perspectiva juvenil en todos los asuntos públicos. Ni siquiera cuenta con un directorio público concentrado de las instituciones y acciones públicas en materia de juventudes o de asociaciones civiles esenciales en esta labor.
Apoyemos a nuestras y nuestros diputados jóvenes para que los órganos de decisión del poder legislativo monopolizado por el adultocentrismo prioricen el tema. ¿Se logrará aprobarse una Ley General de Juventudes después de 15 intentos y más de 10 años de esfuerzos?
