“Aquí volverá a temblar” titulan R. Becerra y C. Flores en un testimonio clave para entender lo sucedido en la primera respuesta al trágico sismo del 19S en la Ciudad de México. ¿Estamos mejor preparado para enfrentar otro sismo de esta magnitud? Es lo que cada habitante de la Capital deberíamos de preguntarnos, no para generar ansiedad, sino como una reflexión autocrítica de preparación individual y colectiva frente a un acontecimiento anunciado.
La Comisión para la Reconstrucción ha logrado apagar la protesta social gracias a un modelo de atención mixto en territorio, privilegiando la proximidad. Poco a poco, la Jefa de Gobierno entrega las viviendas reconstruidas y supervisa la rehabilitación y los avances de los más de 12 mil casos registrados en la plataforma para la reconstrucción, aunque la mayoría sigan en procesos de trámites. A pesar de la existencia de rutas de atención genéricas, cada caso contiene sus especificidades, sobre todo para los edificios multifamiliares o condominios que presentan retos en materia de seguridad jurídica y de conciliación entre vecinos; que alargan los procesos de reconstrucción. Sí, la burocracia está compleja pero el Gobierno tiene que priorizar la certeza jurídica de la propiedad, base para la exigencia de derechos.
El Consejo Consultivo, presidido por Mauricio Merino del colectivo Nosotrxs, que sesionará en su segunda asamblea al final de este mes, insiste en la importancia de contar con mejores sistemas de acceso a la información; un tema pendiente a la fecha. También señala, junto con otras organizaciones y personas damnificadas, fallas en la transparencia de datos sobre la integralidad del proceso de reconstrucción, especialmente en temas de infraestructuras urbanas, acceso y decisión de otorgamiento de la ayuda, por ejemplo. La máxima transparencia y rendición de cuentas serán las bases para ir reconstruyendo la relación dañada entre el Gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía.
La Ciudad se merece una reconstrucción que va más allá de un programa de apoyo a la vivienda y simulacros nacionales. Es la oportunidad de reforzar la responsabilidad social e individual frente al riesgo. La guía del arrendador y comprador responsable, poco difundida, es inoperable por la ausencia de mecanismos de acceso a la información sobre el historial estructural y la situación de riesgo de cada predio. La ciudadanía tiene que informarse sobre los procesos de toma de decisión y estatus de la organización vecinal y condominal, apoyada por una Procuraduría Social rebasada en el acompañamiento y en la verificación legal. El sector privado y social, aliados indispensables, tienen que formar parte de una política de gobierno de revisión, prevención y educación ciudadana accesible y coordinada en materia de riesgos.
El acceso a una justicia capaz y eficiente sigue siendo la parte más débil del proceso de reconstrucción con pocos casos judicializados, alimentando la impunidad latente. La batalla del derecho a la verdad para las cien mil personas damnificadas tendrá que redoblar de esfuerzos para nutrir una memoria histórica basada en el aprendizaje; para no dar paso al olvido y nunca volver a empezar de cero.
