/ lunes 25 de octubre de 2021

Pulso CDMX | México anticlimático

En este año hemos vivido como nunca los efectos del llamado cambio climático. El incremento de la temperatura mundial provocada por nuestro modelo predador de desarrollo, basado en el crecimiento y el rendimiento económico a toda costa, no nos llevó al cambio sino ya al colapso climático. El concepto de desarrollo sustentable ya caducó por su falta de impacto en el giro de paradigma del desarrollo que siguieron los gobiernos de la mano con los intereses del sector privado.

El incremento de la temperatura provocado por este desarrollo antropocéntrico, que privilegia la idea de la superioridad de la especie humana contra la biodiversidad y la vida de miles de especies, genera catástrofes, sequías y reduce sensiblemente el rendimiento de los suelos agrícolas. Cada año en México mueren al menos 48 mil personas de manera prematura por la contaminación ambiental. La Organización Mundial de la Salud señala la relación entre el colapso climático y la propagación de cada vez más pandemias, como con el COVID 19. Estos desastres afectan primero y con más intensidad a las personas que menos tienen: sin justicia ambiental, no hay justicia social.

Frente a esta tragedia que afecta a México con prioridad por sus condiciones geográficas, el Gobierno de México ha decidido hacer caso omiso del desastre climático privilegiando en su acción pública y legislativa el abandono presupuestal ambiental para impulsar las energías fósiles, megaproyectos ecocidios, programas sociales que tienden a fomentar la deforestación y una reforma constitucional energética alarmante.

Desde el tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, apartidistas, sin fines de lucro e independientes, lanzaron un llamado por una soberanía energética limpia y popular que nos cuide a todas y todos; un llamado a las y los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado a replantear y corregir esta iniciativa por el bien común, por un medioambiente sano, por la salud pública, por nuestro futuro y por la emergencia climática.

El falso dilema entre proteger la soberanía nacional o beneficiar al sector privado no debe ser la prioridad en el debate al cual las élites públicas y privadas quieren someternos. Se debe escuchar al tercer sector y a las poblaciones originarias que saben y padecen la emergencia climática. El tema de fondo tiene que ser la garantía y exigibilidad del derecho humano de las y los mexicanos a un medio ambiente limpio, sano, seguro, sostenible, y reconocido recientemente por la ONU. La reforma debería elevar a garantía constitucional el Derecho inalienable de acceder a la energía, a efecto de que todas las personas puedan desarrollar sus potencialidades y proyectos de vida a través de la disponibilidad de fuentes de energías limpias con precios accesibles.

Lo que se plantea no nos permite avanzar en las metas climáticas que hemos asumido como país. La generación de electricidad es hoy la actividad que más dióxido de carbono emite en México, con una CFE obsoleta, rancia y criminal, por encima de las industrias y el transporte. Al cambiar la Constitución, se bloquea cualquier posibilidad para una transición energética justa en México que requiere de lo público, de lo privado y de la ciudadanía. En sus tierras México es una potencia anticlimática.

En este año hemos vivido como nunca los efectos del llamado cambio climático. El incremento de la temperatura mundial provocada por nuestro modelo predador de desarrollo, basado en el crecimiento y el rendimiento económico a toda costa, no nos llevó al cambio sino ya al colapso climático. El concepto de desarrollo sustentable ya caducó por su falta de impacto en el giro de paradigma del desarrollo que siguieron los gobiernos de la mano con los intereses del sector privado.

El incremento de la temperatura provocado por este desarrollo antropocéntrico, que privilegia la idea de la superioridad de la especie humana contra la biodiversidad y la vida de miles de especies, genera catástrofes, sequías y reduce sensiblemente el rendimiento de los suelos agrícolas. Cada año en México mueren al menos 48 mil personas de manera prematura por la contaminación ambiental. La Organización Mundial de la Salud señala la relación entre el colapso climático y la propagación de cada vez más pandemias, como con el COVID 19. Estos desastres afectan primero y con más intensidad a las personas que menos tienen: sin justicia ambiental, no hay justicia social.

Frente a esta tragedia que afecta a México con prioridad por sus condiciones geográficas, el Gobierno de México ha decidido hacer caso omiso del desastre climático privilegiando en su acción pública y legislativa el abandono presupuestal ambiental para impulsar las energías fósiles, megaproyectos ecocidios, programas sociales que tienden a fomentar la deforestación y una reforma constitucional energética alarmante.

Desde el tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, apartidistas, sin fines de lucro e independientes, lanzaron un llamado por una soberanía energética limpia y popular que nos cuide a todas y todos; un llamado a las y los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado a replantear y corregir esta iniciativa por el bien común, por un medioambiente sano, por la salud pública, por nuestro futuro y por la emergencia climática.

El falso dilema entre proteger la soberanía nacional o beneficiar al sector privado no debe ser la prioridad en el debate al cual las élites públicas y privadas quieren someternos. Se debe escuchar al tercer sector y a las poblaciones originarias que saben y padecen la emergencia climática. El tema de fondo tiene que ser la garantía y exigibilidad del derecho humano de las y los mexicanos a un medio ambiente limpio, sano, seguro, sostenible, y reconocido recientemente por la ONU. La reforma debería elevar a garantía constitucional el Derecho inalienable de acceder a la energía, a efecto de que todas las personas puedan desarrollar sus potencialidades y proyectos de vida a través de la disponibilidad de fuentes de energías limpias con precios accesibles.

Lo que se plantea no nos permite avanzar en las metas climáticas que hemos asumido como país. La generación de electricidad es hoy la actividad que más dióxido de carbono emite en México, con una CFE obsoleta, rancia y criminal, por encima de las industrias y el transporte. Al cambiar la Constitución, se bloquea cualquier posibilidad para una transición energética justa en México que requiere de lo público, de lo privado y de la ciudadanía. En sus tierras México es una potencia anticlimática.