En la conferencia mañanera del 8 de agosto de 2022, el Presidente de la República, anunció que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un acto inconstitucional, sobre el cual retrocedió unos días después, temporalmente, pero con la misma amenaza de lograrlo. El Artículo 21 de la Constitución específica que la Guardia Nacional deberá ser adscrita al ramo de seguridad pública y ser de carácter civil. Cualquier modificación al respecto debería pasar por el debate y la votación del Congreso de la Unión, con base en la separación de poderes, pilar de cualquier democracia consolidada.
En mayo de 2020, el Presidente publicó un acuerdo en el mismo sentido que evidenció y fortaleció la militarización de la vida pública: objeto de varías controversias constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue sin resolver. Otorgaba facultades a las fuerzas armadas para realizar acciones de seguridad pública sin control externo, sin transparencia o rendición de cuentas como lo exige la Constitución. Hoy, por ejemplo, realizan detenciones arbitrarias, acciones de seguridad en las fronteras (arrestando y violentando a personas migrantes en la impunidad) aduanas, aeropuertos, carreteras, parques, medios de transportes entre otras actividades. Lo vimos recientemente con el declarar obras ecocidas de carácter de "seguridad nacional" para también entregarlas al poder militar y seguir fomentando la opacidad, la impunidad y los intereses de unos cuantos.
Muchas personas expertas, académicas, colectivas y organizaciones como #SeguridadSinGuerra (que suma más de 300 organizaciones y personas) ya se han pronunciado con evidencias sobre los peligros y efectos nocivos de la militarización para la paz, la reconciliación y la democracia en México, exigiendo una estrategia de seguridad pública basada en el mando civil, la prevención, la reinserción social, la garantía del Estado de Derecho, de la normatividad en vigor, de la profesionalización y dignificación de las policías, de los derechos humanos, el trabajo con la sociedad civil, así como de los compromisos internacionales ratificados por México.
En los últimos días, casualmente la población fue víctima de varios bloqueos y actos violentos de intimidación en varios Estados por parte de grupos armados, similares a acciones terroristas (“forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general”). En paralelo, el Gobierno y sus vocerías han refrendado su apoyo al Ejército y lanzado ataques públicos contra quienes denuncian este peligro democrático. ¿Dónde están todas esas personas que tanto criticaron la guerra fallida de Calderón y hoy están en las arcas de este Gobierno?
Urge informar y movilizar a la ciudadanía. Urge que la ONU en México y demás organismos internacionales endurezcan sus posturas y alertas por las violaciones a derechos humanos y por el peligro de esta militarización excesiva que lo único que ha logrado es generar más violencias y cada vez más víctimas ciudadanas. Puedes firmar la petición en www.change.org/NoaLaMilitarizacion.
