Uno de los aciertos de esta administración ha sido buscar la forma de reducir la evasión fiscal. La propuesta de paquete económico 2022 se caracteriza por la austeridad de su monto total a pesar de la crisis múltiple (al menos sanitaria y de salud pública, ambiental, socioeconómica y de seguridad) que requeriría una inversión pública mayor y un compromiso del Estado dirigido que atienda sus causas estructurales.
Esta austeridad no les pegó por igual a todos los rubros. La repartición favorece con discrecionalidad a algunas dependencia o estados reflejando las prioridades políticas del poder ejecutivo. Fuera de la lógica de evaluación de políticas públicas, el proyecto impone una priorización preocupante sin tomar en cuenta problemáticas determinantes para nuestro desarrollo como sociedad sustentable.
Preocupa la ausencia de interés para la regeneración ambiental y la lucha contra el cambio climático prefiriendo aumentar drásticamente la partida relacionada a PEMEX y la producción de energías fósiles; por cierto, en contradicción con los compromisos internacionales ambientales suscritos.
Preocupa la ausencia de perspectiva transversal de juventudes o de apoyo para el fomento de la economía, especialmente para las micro, pequeñas o medianas empresas duramente afectadas por la pandemia y motor de la economía formal.
Preocupa un aumento del padrón de personas adultas mayores beneficiarias de la tarjeta de 3 mil pesos bimestrales que, sin provocar una reducción notable de los índices de pobreza, paralizará en unos años la capacidad presupuestal de la acción social; un programa sin evaluación sólida cuestionado por supuestas prácticas clientelares basadas en la filosofía de cuotas y cuates.
Preocupa la concentración militar de la seguridad y de otras nuevas tareas públicas que dependían de la administración civil. El aumento presupuestal de la guardia nacional eliminará los subsidios a policías municipales, que necesitan ser observadas y fortalecidas.
Preocupa la falta de prioridad en el sector salud para garantizar a toda la población el acceso a la prevención y atención médica digna y de calidad, incluyendo la disponibilidad de medicinas. Su aumento presupuestal se enfoca en gran parte en la gestión del COVID y en las pensiones. El fondo de salud se recorta, confirmando la tendencia presupuestal a la baja para enfermedades infantiles o el VIH. ¿Hasta cuándo hospitales públicos pedirán a sus pacientes y sus familias comprar los insumos necesarios para su atención médica?
Preocupa el casi nulo aumento para el Instituto Nacional de Migración y el recorte a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados rebasada por la crisis migratoria. Preocupa la poca priorización financiera para atender la lucha contra la violencia de género, la no discriminación o las infancias.
Para mejorar el ejercicio la Cámara de Diputados, cada fuerza partidista, cada representante debería abrir un proceso institucional y plural de participación social permanente basado en los principios del Parlamento Abierto, como lo está iniciando Movimiento Ciudadano, que documente y transmita las principales problemáticas de la gente; como en el caso de la desaparición del impuesto sobre los productos de higiene para las personas menstruantes.
