De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de la población con un ingreso inferior al costo de la canasta básica aumentará de 37.3% al 45.8%. La CEPAL señaló que la población en situación de pobreza extrema en México pasaría de 11.1% a 15.9% a comparación al año anterior, es decir un aumento de casi 5%, por la crisis económica agravada por el COVID19.
Frente a ello, la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena recomendó a los países latinoamericanos impulsar e implementar un ingreso básico de emergencia temporal, no solamente para satisfacer las necesidades básicas de la población afectada, sino también con el fin de reactivar el crecimiento económico, indispensable para el desarrollo y la inclusión social. El ingreso básico ya fue propuesto en México por el movimiento Nosotrxs, varias organizaciones de la sociedad civil y contó con el respaldado de varias y varios legisladores, pero sigue rechazado (a la fecha) por el Gobierno.
Además, para mitigar los costos de la pobreza, los gobiernos deben impulsar una estrategia contundente para asegurar la seguridad alimentaria de la población. Pero no mediante la entrega de despensas con productos nocivos sino con la garantía del derecho a una alimentación saludable. En esta tarea, las alianzas estratégicas entre el Gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil, personalidades y organismos internacionales pueden detonar iniciativas de gran impacto.
En la Ciudad de México, existen un poco más de 400 comedores comunitarios en los cuales diario, vecinas y vecinos cocinan casi de manera voluntaria para proveer a su comunidad, y a las personas que más lo necesitan, una comida completa por 11 pesos. Este programa público, fundamental para atender esta crisis, debe fortalecerse, dignificarse y ampliarse con mayor presupuesto pero también mayor profesionalización y reconocimiento para las personas que los hacen posible. Otra de las medidas que deberían ser urgentes de tomar en nuestra Capital y que puede acabar con la pobreza alimentaria es la lucha contra el desperdicio. Una lucha que inicia en casa y debe hacerse colectiva. El Estado, y en este caso el Gobierno de la Ciudad de México debe prohibir eficientemente y detener el desperdicio cotidiano de toneladas de alimentos aún comestibles. Esta lucha, además de la promoción de una educación alimentaria saludable y consciente deben ser prioridades de la agenda pública, de las personas que gobiernan y de las que supuestamente representan a las y los mexicanos.
La comida hace sociedad. El hambre es un factor de riesgo para el aumento de la conflictividad. La seguridad alimentaria es un pilar de la paz sostenible. Al respecto, este año el Premio Nobel de la Paz fue entregado al Programa Mundial de Alimentos de la ONU: agencia humanitaria más grande del mundo que ayudó a más de 97 millones de personas en 88 países.
El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, bajo un lema que sensibiliza sobre la importancia de actuar para nuestra regeneración humana y de nuestro sistema alimentario: “Cultivar, nutrir, preservar juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro.” Es la oportunidad de informarse, pensar cómo actuar y que la prioridad sea alimentaria.
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