En plena COP26, encuentro mundial para replantear soluciones y modelos de desarrollo devastadores originados en gran parte por “los países del Norte”, y para reducir los impactos provocados por los humanos sobre la tierra y las demás especies, México está reprobado.
En nuestro país los distintos gobiernos de la mano con los intereses del sector privado, y en varios casos con la complicidad de otras naciones atraídas por la explotación de las riquezas mexicanas, han llevado a México entre los primeros países que más contaminan; entre los países dónde más se asesinan a las personas ambientalistas, periodistas y defensoras de derechos humanos; entre los países con más alto nivel de corrupción; entre los países que más destruyen a su biodiversidad sin reconocer los saberes y menos las opiniones de los pueblos originarios.
Cada año en México mueren al menos 48 mil personas de manera prematura por la contaminación ambiental. Además de inéditos por su intensidad y su frecuencia acelerada, los desastres climáticos que hemos presenciado este año afectan primero y con más intensidad a las personas que menos tienen: sin justicia ambiental, no hay justicia social.
Frente a esta tragedia, el Gobierno de México ha decidido hacer caso omiso de la tragedia privilegiando en su acción pública y legislativa el abandono presupuestal ambiental para impulsar las energías fósiles, megaproyectos ecocidios, programas sociales que tienden a fomentar la deforestación y una reforma constitucional energética que potenciará el colapso climático por fomentar el aumento de las emisiones de gases de efectos invernaderos de hasta un 65%.
Desde el tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, apartidistas, sin fines de lucro e independientes, lanzan un llamado público por una soberanía energética limpia y popular que nos cuide a todas y todos; un llamado a las y los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado a corregir esta iniciativa por el bien común, por un medioambiente sano, por la salud pública, por nuestro futuro y por la emergencia climática.
El falso dilema entre proteger la soberanía nacional o beneficiar al sector privado no debe ser la prioridad en el debate al cual las élites públicas y privadas quieren someternos.
El tema de fondo tiene que ser la garantía y exigibilidad del derecho humano de las y los mexicanos a un medio ambiente limpio, sano, seguro, sostenible, reconocido recientemente por la ONU. La reforma debería elevar a garantía constitucional el Derecho inalienable de acceder a la energía a través de la disponibilidad de fuentes de energías limpias con precios accesibles. Debería priorizarse la capacidad de descentralizar la producción, distribución y el derecho a hacerlo a escala comunitaria y popular.
Lo que se plantea no nos permite avanzar en las metas climáticas que hemos asumido como país. La generación de electricidad está hoy entre las actividades que más dióxido de carbono emite en México, con una CFE obsoleta, rancia y criminal, incluso por encima de las industrias y el transporte. Al cambiar la Constitución, se bloquea cualquier posibilidad para una transición energética justa en México que requiere de lo público, de lo privado y de la ciudadanía. En sus tierras México es una potencia anticlimática.
