Por demanda ciudadana la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum decidió atinadamente aplazar el periodo de consulta del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial que marcarán las líneas generales del futuro próximo de nuestra Capital.
El Gobierno de la Ciudad de México tiene el reto de detonar un ejercicio de participación amplia y plural sobre documentos que aún no ha tomado en cuenta a la ciudadanía, a las organizaciones, a los pueblos originarios y tampoco a las y los Alcaldes, a pesar de su relevancia para el diagnóstico inicial y para la buena aplicación de estas directrices. Esta estrategia no podrá ser impuesta. Si no integra las opiniones de los distintos sectores socioeconómicos y académicos de manera democrática y abierta, es decir con proximidad y sencillez, sin perder la importancia técnica, se perderá la oportunidad nuevamente de fijar las bases de una urbanización consciente y responsable. La segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México tendrá también el enorme compromiso de acompañar este proceso de co-construcción no solamente en la revisión temática sino también en el ámbito territorial, siendo el primer eslabón democrático local, presupuestal y de armonización normativa. ¿Demostrará un cambio frente a una primera legislatura reprobada por corrupción, ineficiencia y opacidad?
Para conseguir la legitimidad suficiente para su aplicación, las autoridades locales tendrán primero que respetar el Estado de Derecho adecuando un “borrador” que hoy no cumple con la normatividad federal y constitucional vigentes, con la estrategia nacional de ordenamiento territorial o con una legislación metropolitana detenida.
Este Plan debe basarse en reconocer realidades de una Ciudad construida sin planeación con grupos formales e informales que la disfrutan y la padecen; romper con la visión neoliberal de una urbe segregada basada en la infraestructura cochista minoritaria y en una lógica centralista dañina. La responsabilidad es global ya que la Constitución de la Ciudad de México reconoce varios compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático. Las dos prioridades irrevocables de estos instrumentos y de los próximos presupuestos anuales para un mejor desarrollo deben ser la regeneración socioambiental y la resiliencia que siguen estando al margen de lo propuesto. Por supervivencia colectiva, nuestro desarrollo humano, basado en el Derecho a la Ciudad, ya no puede ir más en contra de la naturaleza y de las especificidades geográficas de nuestros territorios. En esta tarea debe ser indispensable tomar en cuenta el atlas de riesgo que sigue estando desvinculado de la planeación.
Este ejercicio es histórico. No permitamos que el desarrollo de una de las ciudades más importantes del mundo se base en casualidades o coyunturas partidistas. La participación deberá transformarse en incidencia. Además de una estrategia digital, el reto es informar en la calle, en las comunidades, en cada una de las colonias con las y los representantes vecinales, con la sociedad civil, con la academia y con las juventudes sobre la importancia de apropiarse del desarrollo de nuestra Ciudad que nos seguirá impactando a todas y a todos durante al menos los próximos 20 años.
