Recordando la toma de la iglesia de Saint-Nizier (Francia) durante una semana por más de 100 trabajadoras sexuales en 1975 para visibilizar las violencias, especialmente por parte de la policía, se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual cada 2 de junio. El pasado jueves trabajadoras sexuales, activistas y organizaciones marcharon rumbo al Zócalo capitalino para entregar a las autoridades un pliego petitorio concreto. Exigen acciones para terminar con la precariedad de una profesión sin derechos garantizados. Denuncian agresiones, extorsiones, impunidad y el estigma que profundizan la desigualdad y la exclusión que tienen que enfrentar a falta de reconocimiento y protección institucional del Estado.
“Aquí en México pese a que el trabajo sexual no está considerado como un delito, siguen existiendo prácticas de ilegalidad que nos impiden a las trabajadoras sexuales laborar en condiciones seguras…Mientras los legisladores, las académicas, los funcionarios públicos y las sociedades andan discutiendo qué hacer, nosotras seguimos siendo asesinadas, extorsionadas, golpeadas y criminalizadas”, señala en su columna Natalia Lane, activista e integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
Desde 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el trabajo sexual y los derechos de quienes lo ejercen gracias a un amparo promovido por colectivas ciudadanas. Frente a esta situación se han fortalecido las redes de apoyo entre personas trabajadoras sexuales como con la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales o el Centro de Apoyo a Identidades Trans, quienes impulsan acciones de solidaridad, de atención y de reivindicación. Entre estas iniciativas cabe destacar la campaña “Haciendo Calle” durante la pandemia o la recién creación de “Casa AMETS”, un espacio comunitario gestionado por y para las trabajadoras.
En la Ciudad de México, el COPRED se ha posicionado sobre la necesidad de atender la discriminación y la regulación del trabajo sexual con participación social. A pesar de la realización de mesas de trabajo con legisladores del Congreso de la Ciudad de México, sus derechos siguen sin regularse ni garantizarse. La Constitución de la Ciudad de México aún no reconoce a las personas trabajadoras sexuales parte de los grupos de atención prioritaria pero obliga desde el 2018 a las y los diputados locales haber legislado sobre los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas. Esta obligación constitucional sigue sin respetarse en la impunidad y el silencio institucional o jurídico. ¿Nadie por encima de la ley?
La segunda encuesta sobre trabajo sexual en la Ciudad de México, realizada por el Centro de Apoyo a Identidades Trans y el COPRED alerta que más del 60% de las trabajadoras sexuales han padecido violencia por instituciones o particulares. Más del 80% no denuncian por miedo y desconfianza ante el sistema de justicia.
Seguridad, reconocimiento del trabajo sexual, acceso a la salud, reinserción educativa y laboral, atención de las trabajadoras sexuales de la tercera edad, habilitación de espacios y albergues son unas de las reivindicaciones que el Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México tienen pendiente de atender.
