El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU publicó hace unos días su sexto reporte, alertando como nunca sobre los efectos desastrosos e irreversibles de nuestro desarrollo sobre el planeta. El informe, basado en 14 mil estudios y realizado por 234 personas expertas originarias de 66 países, vincula directamente los comportamientos humanos y la intensificación de eventos meteorológicos extremos. Nuestro desarrollo económico capitalista y extractivista no deja de aumentar la temperatura mundial. Las consecuencias fueron y seguirán siendo mortales para la supervivencia de varias especies. Inundaciones, huracanes, incendios, sismos: todas las catástrofes naturales serán cada vez más frecuentes, cada vez más intensas provocando muertes, desastres y desplazamientos forzados.
A pesar de la situación crítica, no es demasiado tarde para frenar la curva del calentamiento global y mitigar sus efectos. Implica replantear drásticamente nuestro modelo de desarrollo económico, incluyendo nuestra política energética; abandonar las energías fósiles y desarrollar nuevas áreas energéticas sustentables como la solar o la eólica; reducir el uso del transporte motorizado, del coche particular, de la producción de carbono por nuestras industrias y sobre todo replantear nuestra estrategia agroalimentaria.
Las ciudades son las principales responsables de las emisiones y deben ser partes fundamentales de la respuesta rumbo a un cambio de paradigma. El Gobierno de la Ciudad de México tiene una oportunidad histórica para integrar al Plan de Desarrollo la prioridad ambiental de manera contundente. La gravedad climática, especialmente en el Valle de México debería detonar la elaboración e implementación de un plan de acción de corto, mediano y largo plazo con enfoque metropolitano, junto con las alcaldías, la ciudadanía, la academia y la iniciativa privada. Hoy contamos con un plan climático de papel que ni se aplica, ni se conoce. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha impulsado algunas acciones muy positivas en este sentido como las líneas de transporte sustentable especialmente en las periferias, la planta de tratamiento de residuos en Azcapotzalco o el proyecto de Ciudad Solar en la Central de Abasto. Pero la falta de coordinación, de vinculación con la iniciativa privada, con la gente, con las organizaciones sociales, con las entidades metropolitanas y proyectos que siguen favoreciendo el uso del coche debilitan los resultados. La gravedad de la situación debería provocar la declaración de emergencia ambiental por la Jefa de Gobierno lo antes posible.
La Secretaría de Medioambiente debería contar con la misma importancia que la Secretaría de Gobierno, con un enfoque transversal y capacidades reales de aplicación de la normatividad. En vez de ello, contamos con una Secretaría en riesgo de disminución presupuestal cada año y una Procuraduría Ambiental disfuncional o ausente. La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México debe aprobar un presupuesto con enfoque de regeneración ambiental y junto con el Gobierno favorecer la implementación real de un plan de inversión verde.
Se trata de nuestra salud pública, de nuestros ecosistemas, de nuestro derecho a un medioambiente sano, diario violentado.
