Más de 12.5 millones de personas han perdido su empleo por esta crisis socioeconómica sin precedente. Las personas que trabajan en el sector informal fueron las más afectadas. La entrega de dos apoyos de 1500 pesos por el Gobierno capitalino no fue otorgada de manera pública y universal y ágil a todas las personas no asalariadas. Las respuestas fueron reactivas; en respuestas a solicitudes comunitarias, cierres o protestas de algunos grupos. El programa más relevante fue la distribución de créditos a la palabra a algunos sectores a pesar de su paradoja: desde el Gobierno, promover el endeudamiento de las personas más desfavorecidas, pero rechazar cualquier aumento de la deuda pública, a pesar de las recomendaciones o prácticas internacionales.
En la Ciudad de México, los derechos de las personas trabajadoras del comercio popular, en su calidad de personas no asalariadas, deberían estar garantizados. A pesar de lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de México para la garantía de los derechos de las personas no asalariadas, las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México siguen sin legislar al respecto. Además de violentar el primer texto constitucional local y su espíritu, son responsables de que hoy por esta crisis sanitaria, las personas no asalariadas no cuenten con protección social. Si las y los diputados hubieran respetado los tiempos fijados por la Constitución, hoy cientos de miles de personas que se encuentran en una crisis severa y un desamparo frente a esta terrible situación podrían contar con seguridad social y seguro de desempleo. El hubiera no existe. El respeto de los derechos de las personas no asalariadas por parte de las autoridades responsables tampoco. Hace unos días, legisladores locales quisieron presentar un pre dictamen de Ley, con algunos riesgos constitucionales, e ignorando gran parte de la primera iniciativa ciudadana Chambeando Ando, que recabó más de 47 mil firmas.
El 25 de junio Prodiana A.C. interpuso una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México por presunta discriminación al sector popular y personas trabajadoras no asalariadas por parte del Gobierno de la Ciudad. La situación de las personas no asalariadas que se auto emplean en el espacio público se ha tensado desde los anuncios sobre las acciones de la nueva normalidad. La asociación liderada por Diana Sánchez Barrios señala que si bien se han contemplado en este plan a sectores como: los pequeños establecimientos, la Central de Abasto, mercados públicos, tianguis, bazares, y mercados sobre ruedas, no existe un documento destinado al comercio popular y a las personas trabajadoras no asalariadas, que se auto emplean en el espacio público. También se ha denunciado en redes sociales el retiro de mercancías y la violencia de algunos operativos de las autoridades.
Organismos internacionales alertan sobre la importancia de apoyar a este sector. Hace varios años, el Gobierno local ya había recibido una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos apelando al respeto de los derechos las personas trabajadoras del comercio popular. A la fecha, el tema sigue tabú, la información inexistente, la política gubernamental opaca y el marco regulatorio ausente.
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