¿Quién ha leído la Constitución de la Ciudad de México? ¿Por qué una Constitución para la Ciudad de México? ¿En qué beneficia a los habitantes de la capital? Esas preguntas, como sus respuestas son ignoradas y se encuentran hoy fuera del imaginario colectivo, de la opinión pública y de los representantes ciudadanos en la Capital.
La Constitución local es el resultado de años de lucha histórica para que la Ciudad pudiera contar con un régimen libre y democrático, que culminó en resultados paulatinos fundamentales como la primera elección directa del Jefe de Gobierno en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Aprobado el 31 de enero de 2016, publicado el 5 de febrero del 2017 y entrado en vigor el 17 de septiembre de 2018, el primer texto constitucional de la Ciudad de México fue aclamado en su momento en el ámbito nacional e internacional por su contenido vanguardista y su forma de elaboración. A pesar de la polémica de sobre representación en la Asamblea Constituyente de algunos grupos políticos, en ese momento en el poder, mediante designaciones arbitrarias cuestionadas, el resultado logró generar pluralidad, inclusión y contra pesos, gracias a una estrategia de redacción inédita en la historia. Con el fin de permitir la armonización legislativa y reglamentaria necesaria para una mejor sociedad, las 100 personas constituyentes (entre ellas personajes destacados de la 4T como Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero o Porfirio Muñoz Ledo) dejaron claro en sus 39 transitorios una hoja de ruta priorizada a la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad.
Llegando al poder, los diputados no solamente modificaron los plazos de cumplimiento dejando vacíos en materia de garantía de derechos por omisiones legislativas, sino que también han pervertido en algunos casos el espíritu del texto; o simplemente la ignoran: como en materia de acceso a la información, transparencia y Parlamento Abierto, disfuncional o ausente del proceso legislativo en la capital.
¿Qué esperar cuando algunos diputados locales organizaron al inicio de la Legislatura supuestos foros de información que se transformaron en críticas a la legitimidad del proceso y rechazo público de la propia Constitución? ¿Si contamos con diputados que violentan y desprecian el texto jurídico base de la Capital, cómo exigirle a la ciudadanía creer y cumplir con las leyes en vigor? En una sociedad democrática funcional, la cultura de la legalidad y el cumplimiento de las leyes deben aplicarse a todas y todos por igual, sin importar su puesto o su jerarquía social. ¿Quiénes son? Sería importante que la ciudadanía lo averiguará para exigirles, denunciarles, y para el 2021 con la primera posibilidad de reelección.
Frente a sus violaciones y manipulaciones repetidas, la garantía de la Constitución local y de su espíritu se quedaron huérfanos. Los participantes en el proceso de redacción, incidencia y votación, de la mano con los diputados, deberían instalar una Comisión Especial abierta de seguimiento, difusión, protección y defensa de la Constitución para cumplir con lo establecido; con el Estado de Derecho, base de la democracia.
