/ jueves 5 de abril de 2018

¿Qué con los congresos locales?

Durante mucho tiempo y hasta hace poco más de tres décadas, los Congresos de los estados se caracterizaron por ser recintos de silencio. No había en ellos debate ni discusión. De hecho, la casi totalidad de esas asambleas legislativas ni siquiera sesionaba. Nada se decía de ellas en los medios de comunicación de la época. Como alguna vez escribió el licenciado Adolfo Christlieb: “No por falta de interés, sino por ausencia de materia”. Nada de relevancia decían u opinaban los diputados locales. Y sobre lo que hacían, había que buscar la información en la página roja de los diarios, en el mejor de los casos.

Era patética la situación de las legislaturas locales. Hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado, el mexicano común ni siquiera sabía de su existencia. Menos aún de su esencial importancia. Como en buena medida aún sucede, lamentablemente. Es cierto que de manera paulatina, pero con lentitud desesperante, se cobra conciencia ciudadana de que los Congresos locales existen y tienen una importante función política qué cumplir.

. Aunque hoy nos resulte difícil de creer, literalmente durante décadas –no una ni dos sino muchas décadas- no hubo un solo diputado local de oposición. Ahora las cosas han cambiado en cuanto a su presencia y número, pero nada más. En consecuencia, se hace necesaria una mayor y eficaz contribución del Poder Legislativo de los estados al avance democrático y al saneamiento de la vida pública local. Lo cual naturalmente sólo sucederá por la iniciativa y empuje de los legisladores de oposición. En especial donde éstos forman mayoría.

Sin embargo, como es de suponer, existen barreras institucionales para evitar que ese empuje se manifieste. Una, entre varias que se interponen, consiste en la existencia de trabas, obstáculos que se interponen para evitar que en las reuniones plenarias de los diputados haya mayor discusión, debate, exposición de ideas y propuestas, crítica a las políticas públicas y al ejercicio del poder. Si en un Parlamento no se parla, no se trata de un verdadero parlamento.

Las autocracias, los regímenes autoritarios, quisieran que las cámaras legislativas estuvieran de receso el mayor tiempo posible. Y en periodos de sesiones, que éstas –las sesiones- sean en número mínimo. Por eso, a nadie debe sorprender que en el porfiriato se haya disminuido de dos a uno el número de periodos de sesiones legislativas. Y que durante el apogeo del priismo las cámaras del Congreso sólo sesionaran durante cuatro meses al año y estuvieran ocho en receso.

Una de las formas de hacer que el Parlamento guarde silencio, en contravención a la que es su esencia, es tenerlo reunido el menor tiempo posible. Y la otra, que cuando esté en periodo de sesiones sus reuniones sean esporádicas. Una más consiste en que cuando sesione la discusión esté acotada, limitada, sujeta a camisa de fuerza. Todo lo anterior ha sido práctica común, claramente antiparlamentaria, en el Congreso local de Coahuila, por la interpretación o visión restrictiva que desde hace tiempo se tiene de su respectiva Ley Orgánica. Será necesario volver sobre el tema para explicar cómo ha venido sucediendo esto.

Durante mucho tiempo y hasta hace poco más de tres décadas, los Congresos de los estados se caracterizaron por ser recintos de silencio. No había en ellos debate ni discusión. De hecho, la casi totalidad de esas asambleas legislativas ni siquiera sesionaba. Nada se decía de ellas en los medios de comunicación de la época. Como alguna vez escribió el licenciado Adolfo Christlieb: “No por falta de interés, sino por ausencia de materia”. Nada de relevancia decían u opinaban los diputados locales. Y sobre lo que hacían, había que buscar la información en la página roja de los diarios, en el mejor de los casos.

Era patética la situación de las legislaturas locales. Hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado, el mexicano común ni siquiera sabía de su existencia. Menos aún de su esencial importancia. Como en buena medida aún sucede, lamentablemente. Es cierto que de manera paulatina, pero con lentitud desesperante, se cobra conciencia ciudadana de que los Congresos locales existen y tienen una importante función política qué cumplir.

. Aunque hoy nos resulte difícil de creer, literalmente durante décadas –no una ni dos sino muchas décadas- no hubo un solo diputado local de oposición. Ahora las cosas han cambiado en cuanto a su presencia y número, pero nada más. En consecuencia, se hace necesaria una mayor y eficaz contribución del Poder Legislativo de los estados al avance democrático y al saneamiento de la vida pública local. Lo cual naturalmente sólo sucederá por la iniciativa y empuje de los legisladores de oposición. En especial donde éstos forman mayoría.

Sin embargo, como es de suponer, existen barreras institucionales para evitar que ese empuje se manifieste. Una, entre varias que se interponen, consiste en la existencia de trabas, obstáculos que se interponen para evitar que en las reuniones plenarias de los diputados haya mayor discusión, debate, exposición de ideas y propuestas, crítica a las políticas públicas y al ejercicio del poder. Si en un Parlamento no se parla, no se trata de un verdadero parlamento.

Las autocracias, los regímenes autoritarios, quisieran que las cámaras legislativas estuvieran de receso el mayor tiempo posible. Y en periodos de sesiones, que éstas –las sesiones- sean en número mínimo. Por eso, a nadie debe sorprender que en el porfiriato se haya disminuido de dos a uno el número de periodos de sesiones legislativas. Y que durante el apogeo del priismo las cámaras del Congreso sólo sesionaran durante cuatro meses al año y estuvieran ocho en receso.

Una de las formas de hacer que el Parlamento guarde silencio, en contravención a la que es su esencia, es tenerlo reunido el menor tiempo posible. Y la otra, que cuando esté en periodo de sesiones sus reuniones sean esporádicas. Una más consiste en que cuando sesione la discusión esté acotada, limitada, sujeta a camisa de fuerza. Todo lo anterior ha sido práctica común, claramente antiparlamentaria, en el Congreso local de Coahuila, por la interpretación o visión restrictiva que desde hace tiempo se tiene de su respectiva Ley Orgánica. Será necesario volver sobre el tema para explicar cómo ha venido sucediendo esto.