Parece que sólo unos días han sido necesarios para resolver la elección del nuevo Titular de la primera Fiscalía General en México. Desde el pasado viernes Alejandro Gertz Manero es desde entonces y por 9 años, el encargado de la procuración de justicia en el país. Sin embargo, después de casi 45 años, la PGR hereda a esta nueva organización una serie de letales pendientes. La enorme apuesta que conlleva este nuevo capítulo, llega quizá en uno de los momentos más álgidos, cuando la legalización de la milicia en labores de seguridad pública es ampliamente criticada.
Entre los retos más significativos que tiene la Fiscalía, destacan, el poco personal –y el poco existente muchas veces poco capacitado- para hacer frente a las enormes cargas de trabajo. Por igual, más de 55 mil casos sin resolver –del último sexenio-, entre ellos investigaciones de gran relevancia pública. Todo, con uno de los presupuestos más bajos para procuración de justicia de los últimos seis años, una reducción de 218 millones de pesos, que dejará a la institución con un margen de 1328 millones para desarrollo y transformación de la misma.
De 2012 a 2018 la Procuraduría dio de baja a 1 mil 59 elementos de la Policía Federal Ministerial por distintos motivos, entre ellos que en más de 330 casos, no superaron las pruebas de control de confianza, mientras que en 55 casos, se incurrió en diversos delitos, por lo que se procedió penalmente.
El panorama no es sencillo, los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018, señalan que 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país ni siquiera se denuncian, y que, del bajísimo número que se convierten en querella, apenas 4% deriva en algún resultado. En este contexto, en los últimos años, 26 de los 32 estados han visto agravarse las cifras de impunidad, con sus terribles consecuencias en la calidad de vida de la ciudadanía.
Otro agravante a la titánica labor que habrá de desempeñar la nueva Fiscalía, está el hecho de que ante un recorte presupuestal del 9% y disminuciones importantes en áreas como la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción, la nueva entidad habrá de hacer frente a la tragedia nacional de violación de derechos humanos, desaparición de periodistas, violaciones sexuales de elementos policiacos a mujeres detenidas, y recurrentes delitos de corrupción que definen una terrible crisis por la que transita el país desde hace ya más de 9 años.
La Fiscalía debe posicionarse como una institución profesional e independiente que garantice el estado de derecho y la justicia en el país, para ello el primer paso, será dar prisa a atender el terrible rezago que en palabras del propio Gertz Manero, de 1984, a la fecha, ronda las 205 mil averiguaciones previas en trámite y en reserva, y los 22 mil mandamientos judiciales y órdenes de aprehensión pendientes, de los cuales, 101 mil carpetas de investigación en trámite, así como más de seis mil mandamientos judiciales, corresponden al nuevo modelo penal procesal.
Entre los casos pendientes más importantes que habrá de atender la FGR, sin duda destacan las dos carpetas de investigación por los presuntos sobornos que la constructora Odebrecht pagó a funcionarios de Pemex. Por igual, las casi 1000 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la revisión de las Cuentas Públicas, entre ellas, las derivadas de la denominada “Estafa Maestra”.
