Todos los gobiernos están conformados por seres humanos y, por ende, cualquier administración puede cometer errores o arbitrariedades, pues cualquier persona es falible. Los Estados democráticos decidieron construir sistemas de pesos y contra pesos para disminuir los riesgos de la injusticia, la ilegalidad o el error. Esta técnica consiste en edificar tres instituciones que se balancean, colaboran y se corrigen entre sí: el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Estimado lector, usted vota por las personas que van a crear la ley, por ejemplo: su diputado -o-senador. Usted sufraga por la persona que está al frente de los problemas cotidianos de su comunidad, a guisa: el Presidente de la República, Gobernador o su Presidente Municipal. Sin embargo, usted no vota por sus jueces. ¿Por qué no votamos por los juzgadores? La lógica es muy sencilla: los políticos tienen que conseguir votos, su legitimidad depende de ello, aunque algunas de sus propuestas sean inviables -o- contrarias al sentido común. Sin embargo, el juez tiene que aplicar la ley, aunque el resultado sea impopular, pues su legitimidad descansa en el respeto a la Constitución.
En el siglo XIX, los juristas mexicanos Crescencio Rejón y Mariano Otero concibieron el juicio de amparo para anular los actos arbitrarios del Estado. Desde entonces, este proceso judicial defiende los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Los juristas de la época también abrigaron una forma de detener provisionalmente la injusticia, esto a través de la llamada “suspensión”. Imagine usted: le notifican que van a demoler su casa, pues, la van a expropiar para construir una nueva avenida, y que el precio de su inmueble es de 3 pesos el metro cuadrado. Cuando usted pide el amparo necesita que se suspenda la demolición de su casa, pues de otra manera ya no tendría sentido el juicio. Asimismo, usted necesita que se revise cómo se llegó a la conclusión de que su inmueble vale tan solo algunos pesos. Sin embargo, pasado el juicio, tal vez, se confirme la necesidad de expropiar y la poca plusvalía de su inmueble -o- se aumente de manera considerable el valor de su propiedad. El juez de amparo no está haciendo política. En contraste, está protegiendo y haciendo valer la Constitución General, de allí que su actuar sea tan impopular como necesario.
El proceso de amparo ha reducido las brechas económicas y sociales en materia de acceso a la justicia, dicho en otras palabras: es una justicia más justa. Hoy en día, esos jueces están bajo la mira y en el debate público, pues acudieron al amparo Romero Deschamps, Emilio Lozoya y otros personajes. Los jueces, cumpliendo la ley, han admitido las demandas y otorgaron la suspensión. Lo anterior no quiere decir que vayan a conceder el amparo ni que la suspensión se mantenga por una eternidad que impida la administración de justicia.
Los jueces están haciendo su trabajo y están a la espera de la información que debe proporcionarles la Fiscalía General de la República y otras instituciones. Los jueces no dejan de ser criticados todos los días en redes sociales. No podemos distorsionar la justicia por unos cuantos, debemos adquirir memoria institucional, y transmitirla. Le invito a reflexionarlo, y a pensar qué haría si uno de sus familiares fuera buscado por la fiscalía por una franca arbitrariedad ¿No querría una suspensión?
