El candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone una amnistía dentro de su estrategia de seguridad pública, procuración de justicia y pacificación del país. El candidato no ha definido a cabalidad ¿para quién?, ¿cómo se lograría?, ¿cuál sería el plazo? y ¿en qué condiciones se emitiría ésta? Las personas que interpretan, las palabras del candidato, han tratado de definir los detalles y de darle contenido. Me parece necesario destacar los elementos esenciales de una amnistía (sin sobre-interpretaciones) para poder echar a andar un diálogo sobre este tema.
La amnistía es una ley que expide el Congreso de la Unión en materia de delitos federales, es decir, no es una facultad del Presidente de la República. Así las cosas, la propuesta del candidato se centra en enviar una propuesta de ley al Congreso de la Unión para extinguir la responsabilidad de ciertos delitos federales o evitar seguir con la persecución de estos. Al ser el Congreso de la Unión el que discute y expide la amnistía estamos de frente al primer problema real de la propuesta. Se está suponiendo que se logrará una mayoría de votos en el Congreso de la Unión para emitirla. Y dentro del debate parlamentario se tendrían que establecer los delitos del Código Penal Federal que pueden ser sujetos de ésta.
El punto de que sean únicamente delitos federales no es menor. Veamos qué clase de delitos persiguió la Procuraduría General de la República para hacernos una idea de qué podría ser materia de la famosa amnistía. Entre los años 2014-2016 en materia de delitos contra la salud, la PGR recibió el mayor número de denuncias por posesión de estupefacientes. En las estadísticas también resaltan el número de acusaciones contra servidores públicos, derechos de autor, falsificación de moneda, delitos contenidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y delincuencia organizada, sobre estos temas tendría que versar la amnistía.
Los hechos delictivos como homicidio, secuestro, lesiones, robo o extorsión son materia de los Estados de la República en la mayoría de los casos, razón por la cual no podrían ser materia de amnistía federal. Contra todo pronóstico muchos miembros de la delincuencia organizada -o- personas cuya actividad desestabiliza al país están siguiendo juicio ante los jueces de los Estados por delitos como homicidio, robo o secuestro. Aquí está el corazón del problema –la violencia que azota a la sociedad- no podría ser materia de un gran concilio nacional desde una ley federal. Tendría que ser a través del congreso de cada uno de los Estados de la República. En efecto, las constituciones locales facultan a sus poderes parlamentarios a emitir amnistías.
En nuestro país se ha utilizado la figura de la amnistía para disolver conflictos políticos. Así tenemos la ley que se emitió por José López Portillo con motivo de la guerra sucia y la ley que se emitió con motivo del levantamiento zapatista. Nunca hemos utilizado este tipo de ley para tratar de pacificar al país con motivo de la incidencia delictiva. Nuestro país ha cambiado mucho desde los tiempo de López Portillo o 1994, razón por la cual, las leyes no pueden ser tan flexibles cuando se trata de extinguir la persecución de delitos o solo tratan de cuestiones del orden político.
Es muy delicado hablar de actos futuros del Congreso y más cuando hablamos de una amnistía. Ojalá se definan más todas las estrategias de seguridad pública, procuración de justicia y pacificación del país en voz de los propios candidatos y sin necesidad de interpretaciones, pues con motivo de este tema ya se habla de justicia transicional, nuevos modelos de justicia o ciertos llamados de alerta. Todas las tácticas y estrategias deben ceñirse al Estado de derecho y, al parecer, la ambigüedad de las propuestas no permite ver cómo lo harían.
Dr. En Derecho.
