Solidaridad editorial -y en miles de publicaciones en redes sociales-, acompañan hoy a quien, con gran talento, ha ejercido el arte de la palabra por décadas y ahora es blanco en una lucha que debe ser de todos: el libre ejercicio del derecho a expresarnos.
Para nadie es desconocido que Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, fue señalado como responsable del histórico endeudamiento de esa entidad por 36 mil millones de pesos. Hay constancia documental de ello.
Increíblemente, un artículo de opinión publicado en enero de 2016 por Sergio Aguayo, donde hace una fuerte crítica al sistema judicial y la impunidad en México, días después de la detención de Moreira en España por delitos de corrupción y asociación con organizaciones criminales, es hoy la base para que un Tribunal del Poder Judicial de la capital de la República, condene al periodista por daño moral.
Destaca que esta sentencia fue emitida no por un juez de primera instancia, sino que tres años después de iniciado el pleito legal, en octubre de 2019, la Segunda Sala del Tribunal capitalino, lo encontró culpable y lo condenó a reparar la afectación causada al ex funcionario en su honor y reputación, con el pago de 10 millones de pesos.
Nos encontramos frente a un caso de censura claro, con el que se pretende no solo escarmentar al autor de un artículo que no asoma ninguna mentira, sino inhibir la actividad periodística crítica que tanto requiere nuestro México. El derecho de denuncia y el repudio a conductas indebidas no puede ser acotado por la protección de la imagen pública de un ex funcionario ampliamente cuestionado legal y socialmente. Ello no debe sostenerse si entre los juzgadores puede haber un conflicto de interés que beneficie a una parte. Eso no se debe permitir.
Entre todo, la buena noticia de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, asumió en días recientes la atracción del caso y se hará cargo de convencer a sus colegas de la Segunda Sala de aceptar la atracción, para después poder pronunciarse definitivamente en el asunto. Confiemos en que así será. En la resolución de este litigio se juega no sólo la estatura del sistema judicial, sino la garantía de uno de los derechos más caros para los mexicanos: la libertad de expresión.
Sí, otra vez “hay que esperar”.
Mi solidaridad con Aguayo.
