/ martes 19 de marzo de 2024

Quiebra con esteroides

Es claro qué se diría de cualquier empresa del mundo cuyos pasivos superasen sus activos totales en 1.7 veces, teniendo que amortizar la mitad de su deuda en cuatro años y la mayor parte de eso en uno. Que no puede pagar por sí sola a proveedores, con ingresos a la baja y costos al alza. Que sigue a flote por transferencias externas y condonaciones de impuestos o derechos, y porque el gobierno se asume como aval. Está quebrada.

El caso es dramático hablando de una empresa que debe 1.79 billones de pesos, 106 mil millones de dólares, 5.6% del PIB de un país del tamaño de México. Que, efectivamente, debe pagar 50% de eso en cuatro años, 898 mil millones de pesos, 447 mil millones en 2024.

Máxime cuando debe a proveedores y contratistas 139 mil millones de pesos a febrero, que, en teoría, tendría que pagar este año. Son sus propias cifras, con dudas porque no publicó datos de tres meses. Aún así, es 60% más que hace un año.

Siguiendo al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el pasivo de corto plazo de Pemex rebasa 1 billón de pesos, incluyendo deuda de corto plazo, saldo en contra ante proveedores, impuestos y derechos por pagar, cuentas y gastos acumulados, y derivados financieros.

Tan solo la deuda financiera de corto plazo y el saldo de proveedores al corte de 2023, las obligaciones de Pemex para este año ascendían a 837 mil millones de pesos, más que el programa de pensiones para adultos mayores del Gobierno Federal.

De no haber los apoyos gubernamentales, Pemex entraría en default. Pero a mediano plazo son insostenibles. Incluso la deuda soberana podría verse comprometida, quizá perder el grado de inversión, y con ello, presionar a tope la capacidad de pago gubernamental. No este año ni en 2024, pero probablemente en 2025, en ausencia de una reestructuración financiera y operativa, que es lo que procedería, urgentemente, en cualquier empresa con ese balance en rojo intenso.

Consideremos que este año el costo financiero de la deuda del sector público federal por primera vez supera el billón pesos. Este año se contempla un déficit fiscal de 5.4% del PIB, no visto desde hace décadas.

Aunque los costos operativos van al alza, Pemex presume utilidades de cerca de 110 mil millones de pesos en 2023, la tercera ocasión en 12 años que logra utilidad neta. El problema es que el Gobierno Federal la apoyó en el año con 167 mil millones de pesos, 70% más que las utilidades.

Pemex Transformación Industrial, la rama de refinación, tiene pérdidas brutas –costos mayores a sus ventas– y tampoco hay más inversión en la empresa: en 2023, casi 24% menos que en 2022.

A enero, la Secretaría de Hacienda reportaba que los ingresos petroleros disminuyeron en comparación con el mismo mes de 2023 un 26.7%, y para el gobierno, 21 por ciento. Aunque la recaudación por IEPS sube 61%, con ocasión de la baja en los precios, no compensan esa merma.

El Gobierno Federal ha apoyado a Pemex con 1.65 billones de pesos en lo que va del sexenio. Conforme a las cifras del Imco, son 1.15 billones por apoyos directos (aportaciones de capital, estímulos fiscales y otras ayudas) contabilizados en estados financieros. 500 mil millones más por recursos que la propia empresa calcula ha dejado de pagar al Estado por la reducción progresiva de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), que pasó de 65% en 2019 a 40% en 2022 y baja a 30% en 2024.

Con un tipo de cambio promedio en esos años, son cerca de 90 mil millones de dólares sacados del erario. Han evitado la quiebra de la empresa, pero sin que mejore su situación, ni financiera ni operativa. Al contrario.

Como comenta Jorge A. Castañeda Morales, a pesar de todo el dinero inyectado a Pemex, su deuda financiera no ha mejorado en términos reales: en 2018 ascendía a 105 mil millones de dólares, 96 mil millones a largo plazo y 9 mil millones a corto plazo; al cierre de 2023, en un nivel similar, con 28 mil millones a corto plazo y 77 mil a largo plazo.

En producción la cosa es peor. En enero, poco más de 1.5 millones de barriles diarios. Al inicio del actual Gobierno, en 2018, se prometió que a estas alturas estaríamos en 2.4 millones con “el rescate” de la industria petrolera.

Cinco años y 90 mil millones de dólares después, en 2023, Pemex y sus socios extrajeron la menor cantidad de petróleo crudo (sin incluir condensados) en 13 años. El promedio de la de gasolinas fue 244 mil barriles diarios, 6.7% abajo de 2022; el de diesel cayó 7.5%, a 135 mil barriles diarios.

En cambio, el hipercontaminante combustóleo, residuo cada vez más difícil de vender y almacenar, representó una tercera parte de la producción total de petrolíferos. Reflejo de obsolescencia de la infraestructura y rezago en productividad.

Para hacerse una idea del dinero tirado en “apoyos”, el analista energético Pablo Zárate ha hecho un comparativo interesante. Alcanzaría para comprar todas las acciones de Sempra y TC Energy, no las subsidiarias mexicanas, sino los holdings, y con ello, más de la mitad de la capacidad de transporte de gas en toda Norteamérica. O cubrir la capitalización de mercado de Iberdrola y Repsol, con activos eléctricos y de hidrocarburos en todo el mundo.

Así, como apunta el Imco, si en 2011 Pemex poseía un patrimonio neto o capital contable de 123.5 mil millones de pesos; ahora éste es de -1.55 billones de pesos.

Las candidatas presidenciales deben presentar propuestas concretas y realistas para enfrentar la quiebra de Pemex. Una verdadera bomba de tiempo que hay que desactivar oportunamente. No sólo para una reestructuración de la empresa, algo similar a lo que se hizo en Brasil con Petrobras, para salvarla y salvar a las finanzas públicas. También abordar el desafío, tantas veces pospuesto, de una reforma hacendaria de fondo.

Es claro qué se diría de cualquier empresa del mundo cuyos pasivos superasen sus activos totales en 1.7 veces, teniendo que amortizar la mitad de su deuda en cuatro años y la mayor parte de eso en uno. Que no puede pagar por sí sola a proveedores, con ingresos a la baja y costos al alza. Que sigue a flote por transferencias externas y condonaciones de impuestos o derechos, y porque el gobierno se asume como aval. Está quebrada.

El caso es dramático hablando de una empresa que debe 1.79 billones de pesos, 106 mil millones de dólares, 5.6% del PIB de un país del tamaño de México. Que, efectivamente, debe pagar 50% de eso en cuatro años, 898 mil millones de pesos, 447 mil millones en 2024.

Máxime cuando debe a proveedores y contratistas 139 mil millones de pesos a febrero, que, en teoría, tendría que pagar este año. Son sus propias cifras, con dudas porque no publicó datos de tres meses. Aún así, es 60% más que hace un año.

Siguiendo al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el pasivo de corto plazo de Pemex rebasa 1 billón de pesos, incluyendo deuda de corto plazo, saldo en contra ante proveedores, impuestos y derechos por pagar, cuentas y gastos acumulados, y derivados financieros.

Tan solo la deuda financiera de corto plazo y el saldo de proveedores al corte de 2023, las obligaciones de Pemex para este año ascendían a 837 mil millones de pesos, más que el programa de pensiones para adultos mayores del Gobierno Federal.

De no haber los apoyos gubernamentales, Pemex entraría en default. Pero a mediano plazo son insostenibles. Incluso la deuda soberana podría verse comprometida, quizá perder el grado de inversión, y con ello, presionar a tope la capacidad de pago gubernamental. No este año ni en 2024, pero probablemente en 2025, en ausencia de una reestructuración financiera y operativa, que es lo que procedería, urgentemente, en cualquier empresa con ese balance en rojo intenso.

Consideremos que este año el costo financiero de la deuda del sector público federal por primera vez supera el billón pesos. Este año se contempla un déficit fiscal de 5.4% del PIB, no visto desde hace décadas.

Aunque los costos operativos van al alza, Pemex presume utilidades de cerca de 110 mil millones de pesos en 2023, la tercera ocasión en 12 años que logra utilidad neta. El problema es que el Gobierno Federal la apoyó en el año con 167 mil millones de pesos, 70% más que las utilidades.

Pemex Transformación Industrial, la rama de refinación, tiene pérdidas brutas –costos mayores a sus ventas– y tampoco hay más inversión en la empresa: en 2023, casi 24% menos que en 2022.

A enero, la Secretaría de Hacienda reportaba que los ingresos petroleros disminuyeron en comparación con el mismo mes de 2023 un 26.7%, y para el gobierno, 21 por ciento. Aunque la recaudación por IEPS sube 61%, con ocasión de la baja en los precios, no compensan esa merma.

El Gobierno Federal ha apoyado a Pemex con 1.65 billones de pesos en lo que va del sexenio. Conforme a las cifras del Imco, son 1.15 billones por apoyos directos (aportaciones de capital, estímulos fiscales y otras ayudas) contabilizados en estados financieros. 500 mil millones más por recursos que la propia empresa calcula ha dejado de pagar al Estado por la reducción progresiva de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), que pasó de 65% en 2019 a 40% en 2022 y baja a 30% en 2024.

Con un tipo de cambio promedio en esos años, son cerca de 90 mil millones de dólares sacados del erario. Han evitado la quiebra de la empresa, pero sin que mejore su situación, ni financiera ni operativa. Al contrario.

Como comenta Jorge A. Castañeda Morales, a pesar de todo el dinero inyectado a Pemex, su deuda financiera no ha mejorado en términos reales: en 2018 ascendía a 105 mil millones de dólares, 96 mil millones a largo plazo y 9 mil millones a corto plazo; al cierre de 2023, en un nivel similar, con 28 mil millones a corto plazo y 77 mil a largo plazo.

En producción la cosa es peor. En enero, poco más de 1.5 millones de barriles diarios. Al inicio del actual Gobierno, en 2018, se prometió que a estas alturas estaríamos en 2.4 millones con “el rescate” de la industria petrolera.

Cinco años y 90 mil millones de dólares después, en 2023, Pemex y sus socios extrajeron la menor cantidad de petróleo crudo (sin incluir condensados) en 13 años. El promedio de la de gasolinas fue 244 mil barriles diarios, 6.7% abajo de 2022; el de diesel cayó 7.5%, a 135 mil barriles diarios.

En cambio, el hipercontaminante combustóleo, residuo cada vez más difícil de vender y almacenar, representó una tercera parte de la producción total de petrolíferos. Reflejo de obsolescencia de la infraestructura y rezago en productividad.

Para hacerse una idea del dinero tirado en “apoyos”, el analista energético Pablo Zárate ha hecho un comparativo interesante. Alcanzaría para comprar todas las acciones de Sempra y TC Energy, no las subsidiarias mexicanas, sino los holdings, y con ello, más de la mitad de la capacidad de transporte de gas en toda Norteamérica. O cubrir la capitalización de mercado de Iberdrola y Repsol, con activos eléctricos y de hidrocarburos en todo el mundo.

Así, como apunta el Imco, si en 2011 Pemex poseía un patrimonio neto o capital contable de 123.5 mil millones de pesos; ahora éste es de -1.55 billones de pesos.

Las candidatas presidenciales deben presentar propuestas concretas y realistas para enfrentar la quiebra de Pemex. Una verdadera bomba de tiempo que hay que desactivar oportunamente. No sólo para una reestructuración de la empresa, algo similar a lo que se hizo en Brasil con Petrobras, para salvarla y salvar a las finanzas públicas. También abordar el desafío, tantas veces pospuesto, de una reforma hacendaria de fondo.