Yo lo convenzo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se planteaban posibles diferencias en el ejercicio del gasto público con su recién nombrado secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Al parecer poco tiempo faltó al nuevo titular de las finanzas públicas para convencer al presidente de abrir la llave de los recursos presupuestales para la activación de la economía y rescatarla de la incertidumbre y la atonía que muestran los principales indicadores.
En la conferencia del pasado lunes, los secretarios Herrera y Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes, no parecían funcionarios de la mal llamada Cuarta Transformación, sino los de un gobierno consciente de utilizar los recursos del erario conforme a planes y programas sin importar su relación con los modelos de un supuesto neoliberalismo del pasado. Sin alusiones a conservadores o corruptos, ambos secretarios anunciaron el plan para la aplicación de 485 mil millones de pesos a ejercerse en el presupuesto del año próximo, y aún antes, que incluye licitaciones, obras público-privadas y contrataciones con sectores de la iniciativa privada y con la activación de organismos como la banca de desarrollo a la que se había condenado a la reducción de su actividad de fomento a la inversión por considerarla ligada al conservadurismo y la corrupción. Neoliberalismo, conservadurismo y abuso del poder fueron palabras ausentes en la exposición de los secretarios Herrera y Jiménez Espriú, en lo que parece un cambio de piel de la administración actual en su política restrictiva de la inversión.
El plan anunciado por ambos secretarios prevé el apoyo del gobierno federal para programas de impulso al consumo interno mediante crédito a la inversión privada en diversos sectores; planes dedicados a la infraestructura a través de obras, principalmente carreteras, así como la reactivación de licitaciones y contratos a empresas privadas, hasta ahora detenidos en su gran mayoría.
El anuncio de la aplicación de 485 mil millones de pesos será sin duda incluido en el paquete fiscal para el 2020 que será presentado al Congreso en septiembre próximo. Pero se da a conocer y se informa que algunos de los programas entrarán en operación de inmediato, horas antes de que el INEGI dé a conocer los datos del producto interno bruto en el segundo trimestre del año, lo que se prevé ocurra este mismo día miércoles. Evidentemente, uno de los propósitos del anuncio de la reactivación de la economía es el de mitigar los efectos de los indicadores de instituciones nacionales y del exterior, así como del propio INEGI, que para muchos configuran un estado de recesión, así sea en grado menor, que presenta la economía de México en la primera mitad del año.
Independientemente del motivo que impulse la presentación del programa que abre la espita del gasto público, se trata de un cambio de rumbo que, por lo pronto, al menos en el papel, enmienda en parte el error fundamental que en materia económica ha caracterizado a la actual administración, que es el de cerrar el paso a la inversión productiva en tanto que se destinan recursos a programas y proyectos improductivos y carentes de sustentación lógica, que sin embargo van adelante como el de la refinería de Dos Bocas y el del aeropuerto en Santa Lucía. El anuncio de la aplicación de miles de millones de pesos a programas de infraestructura debe tener efectos positivos en la generación de empleos y la reactivación de la economía, traducidos en el crecimiento indispensable para alcanzar un grado aceptable de desarrollo. No es con dádivas de dudoso beneficio ni aplicación correcta de los recursos, sino con proyectos que correspondan a una verdadera política de desarrollo, como se logrará un mejor nivel de vida para la población.
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