En colaboraciones anteriores he cuestionado el enrejamiento de espacios públicos y en particular el caso de El Rosedal, una colonia de Coyoacán, donde por presupuesto participativo se votó (69 votos) por el resguardo perimetral de prados del oriente del parque. El resultado es un espacio público incómodo, inseguro, anti niños, anti mascotas, pero eso sí, un máximo de 69 vecinos satisfechos con el resultado. Para colmo, el recurso de presupuesto participativo era insuficiente y la Alcaldía les completó.
Este año, a pesar de las críticas y con la complacencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se dictaminó favorablemente que se someta a votación enrejar el segmento poniente del parque; pero se rechazó otro proyecto de vecinos que proponían mejorarlo con diversas acciones, entre ellas modificar el flamante enrejado.
El sistema de dictaminación del presupuesto participativo es sesgado y poco ético. Las alcaldías cuentan con cuatro asientos, se convoca a académicos a ocupar otros cuatro lugares, y el Instituto Electoral pone el voto de calidad. En todas las alcaldías se repite el mismo escenario. Los académicos tienden a convertirse en comparsas, por presión o corrupción, y las autoridades locales van inclinando la balanza a favor de sus aliados políticos, o incluso hacia aquellos proyectos donde puedan obtener beneficio económico.
Los vecinos que proponen modificar las rejas se apoyaron en la Norma Oficial Mexicana en materia de espacio público, NOM-001-SEDATU-2021; con argumentos inverosímiles se rechazó tanto la pertinencia de la norma como la del proyecto. En cambio, lo que verdaderamente daña el espacio público, el enrejado, pasó por la puerta grande.
En una revisión del dictamen, los vecinos que proponen modificar las cercas fueron humillados. Se manipuló su proyecto como si pretendieran colar cemento en las áreas jardinadas. Ahora les queda el Tribunal Electoral de la Ciudad de México como instancia, que ojalá corrija la dictaminación realizada, al menos en este caso.
Sin embargo, me gustaría ir más allá. Puedo apostar que el caso de El Rosedal no es el único en el que una comunidad queda enfrentada ya sea por una votación de presupuesto participativo o por una dictaminación sesgada. Seguro que han sido sometidos a consulta proyectos contradictorios. Si esto es así ¿quién debe hacer el trabajo político y social de ayudar a que los vecinos no se confronten?
Estoy convencido de que los parques no se enrejan, me respalda la bibliografía y los especialistas en la materia. Sin embargo, el hecho de que una vecina o un grupo de vecinos perciba que enrejar el parque es mejor que no hacerlo, más allá de la aplicabilidad de una Norma Oficial Mexicana o de criterios, exige hacer un trabajo de contacto, encontrar que aún detrás de esas pretensiones, con las que muchos no coincidimos, hay un deseo de mejorar la colonia.
Entonces puedo decir que, por un lado, es urgente que alguien haga el trabajo político y social de buscar consensos en una comunidad confrontada, y por otro, que se reduzca el rol de las alcaldías en la dictaminación de proyectos de presupuesto participativo; al manipular la dictaminación, favorecen la confrontación.
Las demarcaciones deben abandonar el proceso de dictaminación o a lo sumo contar con un voto y no cuatro. Es lamentable que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no quiera ver lo que pasa año con año con el presupuesto participativo, sin que las reglas cambien.
