Por: Sergio Gutiérrez Luna
La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impediría que todos los servidores públicos ganaran más de los 108 mil pesos que percibe el Presidente de la República.
En diciembre de 1994 entró en vigor el nuevo sistema de Control Jurisdiccional que contemplaba, entre otros temas, la existencia de las acciones de inconstitucionalidad, y desde esa fecha hasta hoy, nunca se había otorgado una suspensión porque estaban prohibidas por el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de la materia, que dice: “La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.
El pasado viernes, la Suprema Corte cambió la historia al resolver un asunto en el que materialmente son parte, fallando a su favor, y en contra de una disposición expresa de la ley aplicada durante casi 24 años. Fueron juez y parte.
El tema de fondo sobre los sueldos de los jueces, magistrados y ministros (y demás funcionarios de órganos autónomos) es en realidad un debate que se ha distorsionado y descontextualizado en la arena política, y que está siendo utilizado para generar la percepción de un conflicto entre Poderes. Esto es falso.
La autonomía del Poder Judicial tiene límites, como la de todos los poderes y entes públicos; pero en el debate político se pretende hacernos creer que la independencia de la Suprema Corte es infinita. Bajo esa idea, en un ejemplo hipotético: ¿Los ministros y jueces podrían cobrar salarios de un millón de pesos al mes sin que nadie pudiera oponerse?
Consideramos que no, que existen dos límites para ajustar la autonomía en ese aspecto: por un lado, tenemos la racionalidad y, por otro, el contexto.
¿Es sensato que funcionarios públicos tengan sueldos y prestaciones excesivas? ¿Es aceptable que los juzgadores vivan en un mundo diferente a la realidad de la mayoría los mexicanos? En el marco de que todos los demás servidores públicos reduzcan sus sueldos, ¿es válido que únicamente los ministros se resistan a ese cambio?
El Poder Judicial no pude ser una isla de abundancia en un México de grandes carencias. No es aceptable que dentro de un país con tanta desigualdad un Poder del Estado se resista a ajustarse a esa realidad, máxime cuando la exigencia ciudadana es que exista una nueva concepción del servicio público en la que permee la sobriedad.
Por otra parte, también es falso que el Ejecutivo se inmiscuya o vulnere la autonomía de otro Poder. Se ha mal entendido la pretensión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos los servidores públicos - empezando por él mismo - ejerzan el servicio público de forma austera.
Se le podría reprochar que se está confrontando si, por ejemplo, sus políticas o acciones estuvieran encaminadas sólo a socavar al Poder Judicial; pero esto no es así, la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente está encaminada a que todos los entes del Estado mexicano conciban el servicio público justamente para lo que es: para servir, no para servirse.
Diputado Federal por Morena, Estado de México
Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales
@Sergeluna_S