La Cuarta Transformación deberá modificar el marco institucional en materia de política económica si desea alcanzar un crecimiento de 4%.
El peso de la inercia es enorme y representa uno de los mayores problemas estructurales. México carece de una institución que se responsabilice de la consecución del crecimiento económico prospectado en documentos oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo o los Criterios Generales de Política Económica.
Todos los sexenios se cumple, puntualmente, con la presentación de los textos antes mencionados, en donde una de las metas centrales es el crecimiento económico, sin embargo, no hay una institución en la administración pública que se responsabilice de su consecución.
Legalmente, el Banco de México tiene la obligación de alcanzar el objetivo inflacionario de 3%, pero no de cumplir con la meta de crecimiento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encarga de las finanzas públicas. Si bien encabeza y coordina los trabajos para la elaboración de los documentos antes mencionados, cuando la rueda del sexenio comienza a girar su labor se concentra en la parte de ingresos y egresos, en la administración de los recursos y en mantener el control de la deuda pública.
La SHCP, así como otras dependencias, tiene una subsecretaría responsable de realizar planeación económica, pero se concentra en los grandes números macroeconómicos, no en la vinculación de los mismos con los diversos sectores productivos que conforman la economía nacional. Su foco es la estabilidad macroeconómica.
Lejos queda el análisis de las regiones y su diversidad. La institución no tiene responsabilidad sobre ello.
En principio, la Secretaría de Economía (SE) debería encargarse de los sectores productivos, pero si se revisa su arquitectura se puede observar que sólo se concentra en algunos de ellos.
El daño causado por el dogma de “la mejor política industrial es la que no existe” desvirtuó la razón de ser de la SE. La mitad de su presupuesto tiene características asistencialistas, no corresponde a los criterios de política industrial modernos, normalmente no tiene efecto en el PIB o la generación de empleo. No se evalúa su efecto.
La SE se especializó en firmar acuerdos comerciales que, salvo el TLCAN, tienen una incidencia acotada sobre el desempeño del PIB: no han impulsado el incremento de encadenamientos productivos y del valor agregado. México es una gran base exportadora de maquila.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene el mandato de combatir la pobreza, algo que no puede cumplir porque no hay recurso público suficiente para resarcir lo que el modelo económico genera: bajo crecimiento, pobreza, informalidad y empleo de bajos salarios.
Por su parte el Congreso de la Unión carece de un órgano para evaluar y dar seguimiento a la economía, trabajos aislados que no conforman un programa integral que complemente y, en su momento, sean contrapeso de lo generado desde el Poder Ejecutivo.
Si la próxima administración desea obtener resultados distintos deberá crear una nueva arquitectura de política económica, actuar bajo la inercia puede ser su primer limite.La aprobación de las reformas estructurales lo mostró: muchos cambios, los mismos resultados. La elección de julio pasado lo reprobó.
