/ domingo 3 de enero de 2021

¿Quiénes son los criminales?

Por David Blanc

A finales del año pasado, durante su comparecencia ante el Congreso local de Veracruz, el secretario de seguridad pública estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, negó la existencia de grupos de autodefensas en dicha entidad. A modo de burla, comentó que habían realizado un operativo para tratar de encontrarlos y “salieron tan asustados que hasta dejaron una camioneta abandonada”. Esta respuesta no es sorpresiva ni novedosa. Si llegara a reconocerlos, estaría validando que el gobierno fue incapaz de brindar seguridad y protección a la ciudadanía y, por consecuencia, ésta tuvo que agruparse, armarse y defenderse. O para ponerlo en sus términos burlescos: reconocerlos sería darse un balazo en el pie y aceptar que no hace bien su trabajo.

La presencia de autodefensas en Veracruz no es reciente. Las primeras en aparecer fueron a principios de 2014, en la sierra de Zongolica. A través de un comunicado, junto con una foto de personas encapuchadas y armadas, dieron a conocer su existencia debido a que el gobierno fue incapaz de proteger a los pobladores de la zona de los grupos delictivos que les cobraban derecho de piso, los extorsionaban y secuestraban. Desde entonces, diversos medios de comunicación han documentado a través de entrevistas, fotos y reportajes su existencia, y la aparición de nuevas en los municipios de Acultzingo, Calcahualco, Soledad Atzompa, Jilotepec y Maltrata.

Todos los gobiernos han negado la presencia de las autodefensas en la entidad. Así lo hicieron en su momento los gobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. Y ahora, Cuitláhuac García insiste en que no existen, sino que son grupos delictivos. Las autoridades, nada ingenuas, siguen evadiendo una realidad que les implicaría tomar decisiones con un alto costo político. En principio, como se dijo anteriormente, reconocer su existencia significa aceptar de manera contundente el fracaso de cualquier estrategia de seguridad, validar que las comunidades han sido abandonadas ante la violencia, y admitir que los cuerpos de seguridad no fueron, ni son, suficientes para hacerle frente a los grupos criminales. Evidentemente, ningún político está dispuesto a asumir esto.

Posteriormente, deben dar respuesta respecto a su legitimación, regularización y proliferación. Es decir, si se acepta la existencia de las autodefensas, ¿qué debe hacer el gobierno?, ¿incorporarlas a los cuerpos de seguridad?; ¿cuál sería la diferencia entre éstas y los soldados, marinos o policías?, ¿deben recibir capacitación, salario y equipamiento?; y ¿cuáles serían sus funciones y limitaciones? Preguntas complejas, sin lugar a duda. Y las respuestas, además, pueden derivar en consecuencias perniciosas como en Michoacán que, después de un proceso largo y atropellado, las autodefensas pasaron de ser negadas y perseguidas a constituirse dentro de los cuerpos de seguridad sin obtener ningún resultado; las comunidades permanecen asediadas por criminales y los índices delictivos están peor que antes.

Por todo lo anterior, a las autoridades veracruzanas les resulta más sencillo y conveniente etiquetar como criminales a las autodefensas. Así lo hizo el gobernador, y el secretario de seguridad pública cuando mencionó durante su comparecencia -en referencia a estos grupos- que cualquier persona que infringiera la ley se le consideraría como delincuente. Valdría la pena preguntarles si aplica la misma lógica para su gobierno que ha incumplido cabalmente con una de las responsabilidades más básicas y esenciales estipuladas en la constitución del estado: proveer de las condiciones necesarias para que la ciudadanía tenga seguridad.

David Blanc. Consultor independiente, @ddblanc.

Por David Blanc

A finales del año pasado, durante su comparecencia ante el Congreso local de Veracruz, el secretario de seguridad pública estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, negó la existencia de grupos de autodefensas en dicha entidad. A modo de burla, comentó que habían realizado un operativo para tratar de encontrarlos y “salieron tan asustados que hasta dejaron una camioneta abandonada”. Esta respuesta no es sorpresiva ni novedosa. Si llegara a reconocerlos, estaría validando que el gobierno fue incapaz de brindar seguridad y protección a la ciudadanía y, por consecuencia, ésta tuvo que agruparse, armarse y defenderse. O para ponerlo en sus términos burlescos: reconocerlos sería darse un balazo en el pie y aceptar que no hace bien su trabajo.

La presencia de autodefensas en Veracruz no es reciente. Las primeras en aparecer fueron a principios de 2014, en la sierra de Zongolica. A través de un comunicado, junto con una foto de personas encapuchadas y armadas, dieron a conocer su existencia debido a que el gobierno fue incapaz de proteger a los pobladores de la zona de los grupos delictivos que les cobraban derecho de piso, los extorsionaban y secuestraban. Desde entonces, diversos medios de comunicación han documentado a través de entrevistas, fotos y reportajes su existencia, y la aparición de nuevas en los municipios de Acultzingo, Calcahualco, Soledad Atzompa, Jilotepec y Maltrata.

Todos los gobiernos han negado la presencia de las autodefensas en la entidad. Así lo hicieron en su momento los gobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. Y ahora, Cuitláhuac García insiste en que no existen, sino que son grupos delictivos. Las autoridades, nada ingenuas, siguen evadiendo una realidad que les implicaría tomar decisiones con un alto costo político. En principio, como se dijo anteriormente, reconocer su existencia significa aceptar de manera contundente el fracaso de cualquier estrategia de seguridad, validar que las comunidades han sido abandonadas ante la violencia, y admitir que los cuerpos de seguridad no fueron, ni son, suficientes para hacerle frente a los grupos criminales. Evidentemente, ningún político está dispuesto a asumir esto.

Posteriormente, deben dar respuesta respecto a su legitimación, regularización y proliferación. Es decir, si se acepta la existencia de las autodefensas, ¿qué debe hacer el gobierno?, ¿incorporarlas a los cuerpos de seguridad?; ¿cuál sería la diferencia entre éstas y los soldados, marinos o policías?, ¿deben recibir capacitación, salario y equipamiento?; y ¿cuáles serían sus funciones y limitaciones? Preguntas complejas, sin lugar a duda. Y las respuestas, además, pueden derivar en consecuencias perniciosas como en Michoacán que, después de un proceso largo y atropellado, las autodefensas pasaron de ser negadas y perseguidas a constituirse dentro de los cuerpos de seguridad sin obtener ningún resultado; las comunidades permanecen asediadas por criminales y los índices delictivos están peor que antes.

Por todo lo anterior, a las autoridades veracruzanas les resulta más sencillo y conveniente etiquetar como criminales a las autodefensas. Así lo hizo el gobernador, y el secretario de seguridad pública cuando mencionó durante su comparecencia -en referencia a estos grupos- que cualquier persona que infringiera la ley se le consideraría como delincuente. Valdría la pena preguntarles si aplica la misma lógica para su gobierno que ha incumplido cabalmente con una de las responsabilidades más básicas y esenciales estipuladas en la constitución del estado: proveer de las condiciones necesarias para que la ciudadanía tenga seguridad.

David Blanc. Consultor independiente, @ddblanc.