/ viernes 15 de septiembre de 2017

Ratificar el Convenio 189 de las trabajadoras del hogar

Por Aram Barra

La Organización Internacional del Trabajo aprobó en el año 2011 el Convenio 189 sobre las y los trabajadores del hogar, el cual estableció los derechos del gremio, así como las medidas que los Estados deben cumplir para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo digno. Al mismo tiempo, se aprobó una Recomendación 201, en la que se establecen complementos a las obligaciones definidas en el Convenio.

En el caso de México, las implicaciones no son menores. Como he dicho antes, las cuidadoras de personas, lavanderas, planchadoras, cocineras, choferes, vigilantes, porteros y jardineros en México suman 2.4 millones de personas. El 97% no cuenta con ningún tipo de servicio de salud; el 75% gana entre uno y dos salarios mínimos; el 96% no cuenta con contrato de trabajo; el 67% no tiene derecho a vacaciones, y sólo el 57% recibe aguinaldo.

Para todas estas personas, la entrada en vigor del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT formalizaría los derechos otorgados por la Ley Federal del Trabajo y les otorgaría ingreso a los sistemas de seguridad social. Para un inmenso gremio que se encuentra normalmente desprotegido legalmente y sin seguridad social, la ratificación del Convenio haría un mundo de diferencia.

Han pasado siete años –y contando– y el gobierno de México no ha promovido que el acuerdo internacional se convierta en ley. El principal argumento durante este periodo ha sido que las implicaciones presupuestarias de dicha ratificación serían de un peso importante para el gobierno federal. Ésa ha sido, al menos, la excusa. De acuerdo con un reciente documento publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), hay al menos dos implicaciones legislativas y de implementación.

Por un lado, la adecuación de ordenamientos legales y administrativos con el objetivo de “reconocer, proteger y garantizar el derechos los trabajadores domésticos a la protección de la seguridad social, con lo que se mandataría la incorporación para aseguramiento voluntario al régimen obligatorio, que implica acceso limitado a seguros, prestaciones y servicios”.

Por el otro, la ratificación del Convenio implicaría la instrumentación de políticas públicas focalizadas, así como mecanismos “para dar seguridad y certeza laboral a los trabajadores domésticos […] así como para regular y supervisar las relaciones laborales entre empleador y [trabajador] doméstico, y observar medidas para la determinación de salarios y prestaciones laborales”.

En este sentido, la ratificación del Convenio tendría implicaciones presupuestales. Al respecto, el IBD estima que considerando el régimen obligatorio que cubre los seguros de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y, el de Guarderías y Prestaciones Sociales, el gobierno federal aportaría para 2017, 28 mil 414 millones de pesos para asegurar a las trabajadoras del hogar.

En otras palabras, ofrecer seguro social a 2.4 millones de trabajadores que hoy forman parte de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad nos costaría a las y los mexicanos casi 10 mil millones de pesos menos de lo que ha gastado Enrique Peña Nieto durante su administración en publicidad.

Queda entonces la pregunta sobre si el argumento constantemente utilizado por los opositores a la ratificación del Convenio está simplemente mal fundamentado o si es una mera excusa política. Existen indicios suficientes para pensar en lo segundo. Mientras tanto, 2.4 millones de empleadas del hogar siguen desprotegidas por el Estado.

Integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs

@NosotrxsMX

Por Aram Barra

La Organización Internacional del Trabajo aprobó en el año 2011 el Convenio 189 sobre las y los trabajadores del hogar, el cual estableció los derechos del gremio, así como las medidas que los Estados deben cumplir para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo digno. Al mismo tiempo, se aprobó una Recomendación 201, en la que se establecen complementos a las obligaciones definidas en el Convenio.

En el caso de México, las implicaciones no son menores. Como he dicho antes, las cuidadoras de personas, lavanderas, planchadoras, cocineras, choferes, vigilantes, porteros y jardineros en México suman 2.4 millones de personas. El 97% no cuenta con ningún tipo de servicio de salud; el 75% gana entre uno y dos salarios mínimos; el 96% no cuenta con contrato de trabajo; el 67% no tiene derecho a vacaciones, y sólo el 57% recibe aguinaldo.

Para todas estas personas, la entrada en vigor del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT formalizaría los derechos otorgados por la Ley Federal del Trabajo y les otorgaría ingreso a los sistemas de seguridad social. Para un inmenso gremio que se encuentra normalmente desprotegido legalmente y sin seguridad social, la ratificación del Convenio haría un mundo de diferencia.

Han pasado siete años –y contando– y el gobierno de México no ha promovido que el acuerdo internacional se convierta en ley. El principal argumento durante este periodo ha sido que las implicaciones presupuestarias de dicha ratificación serían de un peso importante para el gobierno federal. Ésa ha sido, al menos, la excusa. De acuerdo con un reciente documento publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), hay al menos dos implicaciones legislativas y de implementación.

Por un lado, la adecuación de ordenamientos legales y administrativos con el objetivo de “reconocer, proteger y garantizar el derechos los trabajadores domésticos a la protección de la seguridad social, con lo que se mandataría la incorporación para aseguramiento voluntario al régimen obligatorio, que implica acceso limitado a seguros, prestaciones y servicios”.

Por el otro, la ratificación del Convenio implicaría la instrumentación de políticas públicas focalizadas, así como mecanismos “para dar seguridad y certeza laboral a los trabajadores domésticos […] así como para regular y supervisar las relaciones laborales entre empleador y [trabajador] doméstico, y observar medidas para la determinación de salarios y prestaciones laborales”.

En este sentido, la ratificación del Convenio tendría implicaciones presupuestales. Al respecto, el IBD estima que considerando el régimen obligatorio que cubre los seguros de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y, el de Guarderías y Prestaciones Sociales, el gobierno federal aportaría para 2017, 28 mil 414 millones de pesos para asegurar a las trabajadoras del hogar.

En otras palabras, ofrecer seguro social a 2.4 millones de trabajadores que hoy forman parte de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad nos costaría a las y los mexicanos casi 10 mil millones de pesos menos de lo que ha gastado Enrique Peña Nieto durante su administración en publicidad.

Queda entonces la pregunta sobre si el argumento constantemente utilizado por los opositores a la ratificación del Convenio está simplemente mal fundamentado o si es una mera excusa política. Existen indicios suficientes para pensar en lo segundo. Mientras tanto, 2.4 millones de empleadas del hogar siguen desprotegidas por el Estado.

Integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs

@NosotrxsMX