Desde 2019, la UNESCO estableció el 14 de noviembre como Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Esta efeméride recuerda al mundo que el saqueo, robo y tráfico de ese patrimonio se lleva cabo en todos los países, y despoja a las personas de su cultura, historia e identidad.
Asimismo, busca visibilizar aún más este delito, crear conciencia acerca del robo y comercio ilegal de bienes culturales, así como sobre las formas de combatir tal conducta antijurídica, por medio de la cooperación internacional, bilateral o multilateral, campañas permanentes, embajadas u organismos internacionales, lucha contra el tráfico de patrimonio cultural robado o exportado ilícitamente, por mencionar algunas acciones.
Las obras arquitectónicas, pictóricas, escultóricas y otros elementos con excepcional valor cultural, histórico y universal son considerados bienes culturales. La UNESCO calculó en 2020 que, en términos económicos, el comercio ilícito de ese tipo de patrimonio ocupaba el tercer sitio en actividades ilegales, sólo superado por el tráfico ilegal de drogas, y el de armas. Especificó que los recursos obtenidos por tal actividad se destinan frecuentemente para financiar al terrorismo y al crimen organizado.
Este comercio ilegal del patrimonio cultural de los pueblos se presenta en mercados negros de todo el mundo o en otros, lícitos, como subastas, e inclusive por medio de internet. En 2021, alcanzó un monto de alrededor de 10 mil millones de dólares, según cifras de la propia UNESCO.
Si bien existen leyes y convenios internacionales en la materia, como la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (de 1970) o el Convenio Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente (de 1995), se requieren mayores esfuerzos para hacer más efectivas en la práctica estas normativas y, así, por ejemplo, avanzar en la elaboración de inventarios nacionales, crear unidades policiacas especializadas y actuar bajo la premisa de que todo bien cultural robado debe ser restituido.
Desde el 2018, el Gobierno del presidente López Obrador ha hecho de la recuperación de patrimonio y bienes nacionales una de sus prioridades. A partir de entonces, se recobraron 8,970 piezas patrimoniales. Una de las más recientes repatriaciones fue posible gracias a una familia española que, de manera voluntaria y anónima, regresó a nuestro país 2,522 piezas prehispánicas. Entre los objetos devueltos se encuentran figuras de piedra, malacates, molcajetes, sellos, metates, y material lítico de pedernal y obsidiana.
El Gobierno de México estableció tres estrategias para lograr recuperar nuestro patrimonio cultural: entrega voluntaria, decomisos y cancelación de subastas. En esta última, el enfoque que ha prevalecido en términos de derechos es que México debe comprobar que el origen de lo que se subasta es ilegal, pero actualmente el Gobierno federal impulsa y defiende el argumento de que quienes subasten deben mostrar el origen legal de lo que pretenden subastar.
Si bien en México la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos contempla que todos los bienes patrimoniales son del Estado, de la nación, esto no necesariamente es así en otros países. Por ejemplo, en Francia, la ley reconoce como dueña a la persona poseedora del bien y asume su buena fe; en Estados Unidos, si alguien posee un bien o pieza de esta índole, ya es un objeto privado, es decir, es de su propiedad.
En cualquier caso, la recuperación del patrimonio y de los bienes culturales de México es tarea común del Gobierno, las instituciones y la ciudadanía, para seguir entendiendo y construyendo la grandeza de nuestro país y nuestros pueblos originarios.
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