Por Julia Carabias
Las consecuencias que tendrá la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, tanto en el ámbito global como en el nacional, aún no las hemos dimensionado en su totalidad. Sin embargo, diversos indicadores muestran importantes retrocesos en las condiciones de vida de la población: se incrementa la pobreza y se agudizan las desigualdades. Con ello, se revierten importantes avances logrados en las últimas décadas en cuanto al cumplimiento de la Agenda 21 del Desarrollo Sostenible. La pandemia no generó las crisis sociales y económicas de nuestro tiempo, pero las exacerbó, colocándonos ante retos abrumadores, ineludibles e inaplazables de enfrentar.
Además de las crisis mencionadas, la pandemia puso al descubierto una más: la crisis ambiental, e hizo visible la emergencia en que vivimos. La interferencia humana sobre la naturaleza debido a los modelos de desarrollo predominantes -extracción extrema de recursos naturales y generación de desechos sin control, respondiendo a las fuerzas del mercado- alteró el funcionamiento de los sistemas físicos, químicos y biológicos planetarios.
La evidencia científica demuestra que estamos llegando a niveles de riesgo para la humanidad y para cientos de miles de especies en el planeta. De hecho, la pandemia es una consecuencia del desequilibrio de las relaciones entre las especies de fauna silvestre por una mala intervención humana en los ecosistemas naturales, lo que provocó que un patógeno oportunista encontrara en los humanos un fantástico nuevo hospedero para reproducirse; en pocas semanas este virus fue capaz de inmovilizar a la humanidad. Es un hecho sin precedente por su magnitud y velocidad; si no cambiamos nuestra relación con la naturaleza volverá a repetirse.
La recuperación de las crisis múltiples tras la pandemia no será posible sin considerar la sustentabilidad ambiental del desarrollo. Es el momento de aprovechar la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Muchos países están definiendo un rumbo distinto, impulsando una economía baja en carbono, como Europa, EUA e incluso China. No es el caso de México y retrasar las decisiones incrementará el saldo negativo en las condiciones de vida de los mexicanos y en nuestro medio ambiente.
Es urgente reforzar una política de conservación de los ecosistemas -terrestres, acuáticos y marinos-, mediante el conjunto de instrumentos de la política ambiental y productiva integrados, como son las áreas naturales protegidas, las reserva de agua, el manejo forestal sustentable, las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, el ecoturismo, la pesca ordenada, la restauración ecológica y productiva, entre otras actividades, que generan empleos e ingresos y previenen la destrucción de los ecosistemas. Además, son una oportunidad para insertar a las mujeres y jóvenes en la economía campesina y para mitigar la injusticia intergeneracional y de género.
La política alimentaria nacional debe replantarse desde las distintas perspectivas que implican dietas sanas, alimentos accesibles, tecnologías sustentables, mediante cambios radicales en el consumo (sobre todo de productos cárnicos y lácteos); reducción del desperdicio de alimentos y de la explotación del agua; innovación tecnológica para evitar la degradación de los ecosistemas naturales, del suelo y de los cuerpos de agua; inclusión de la agrobiodiversidad en los mercados regionales; planeación regional a partir del ordenamiento territorial que responda a las condiciones específicas de la diversidad mexicana.
Es impostergable que la política energética se enmarque en la política nacional de acción climática, alineada con los compromisos del Acuerdo de París, alejándose gradualmente de los combustibles fósiles. La transición energética debe tener un marco regulatorio que fomente las energías renovables con mayores inversiones públicas y privadas.
La política hídrica debe garantizar el derecho humano al agua y el agua de los ecosistemas; reducir el uso de agua en la agricultura; incrementar la infraestructura de abasto, tratamiento y reúso, y planear las cuencas con una visión de adaptación al cambio climático.
Las ciudades deben transformarse hacia la sustentabilidad y resiliencia con políticas innovadoras de movilidad colectiva y ordenamiento urbano para disminuir el traslado, priorizar el transporte colectivo eléctrico, entre otras medidas.
Si la pandemia contribuyó a visibilizar la emergencia ambiental y a construir una mejor conciencia social sobre el ambiente, lo veremos en un futuro. De momento no se ha convertido en un mayor compromiso del gobierno para encauzar la recuperación del país hacia la sustentabilidad ambiental como se refleja en el exiguo presupuesto para prevenir la pérdida de la biodiversidad y evitar la degradación ambiental. El medio ambiente sigue sin ser prioridad. Los mayores costos los estamos trasladando a la juventud y a la niñez poniendo sus derechos humanos en riesgo. Necesitamos un cambio de rumbo.
