/ jueves 18 de enero de 2024

Recuperación progresiva y constante de la seguridad

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tiroteo que tuvo lugar el 6 de enero en Petatlán, Guerrero, a causa del cual perdieron la vida varias personas en un palenque de pelea de gallos. Se presume como responsables de este hecho a dos organizaciones criminales; una de ellas sería la Guardia Guerrerense, y la otra, la Familia Michoacana, interesada en controlar la zona.

El mandatario también se refirió al bloqueo que diversos ciudadanos —entre ellos, taxistas, colonos y campesinos— realizaron el 9 de enero en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Técpan de Galeana, demandando la libertad de los detenidos por el asesinato de personas que se encontraban en el referido palenque.

Las autoridades locales señalaron que los pobladores retuvieron además a diez elementos de la Guardia Nacional (GN) para pedir la liberación de Gregorio Rodríguez Villa y Nicandro Vázquez Candia, los cuales —añadieron— tenían en sus manos armas largas y fueron detenidos en la comunidad de Jululucha, en Petatlán, acusados de participar en los homicidios del pasado 6 de enero.

El jefe del Estado mexicano reclamó que algunas comunidades protejan a grupos criminales a cambio de “migajas” como, por ejemplo, juguetes en Día de Reyes y despensas. Agregó que los delincuentes trafican con la pobreza de la gente, y repudió que se llevaran a cabo bloqueos en las carreteras y se retuviera a elementos de la GN tras el arresto de los presuntos delincuentes.

La herencia que dejaron tras de sí 36 años de desestructuración institucional y social del Estado, es decir, de neoliberalismo, así como de abandono de las y los jóvenes de las comunidades y poblaciones de nuestro país, dio como resultado, entre otros factores, la expansión de bandas criminales y del narcotráfico, y su colusión con autoridades de todos los niveles de gobierno.

Lo anterior, aunado a una demanda siempre presente de estupefacientes en mercados, sobre todo del norte del planeta. Por ejemplo, en su informe anual 2021, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó del aumento de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos y Canadá. Detalló, asimismo, que en la Unión Americana fallecieron por ese motivo más de 100,000 personas en los doce meses previos a abril de 2021.

El problema del crimen organizado ligado al narcotráfico no ha sido un desafío exclusivo de México. Lo que acontece, por ejemplo, en países como Ecuador deja ver también que el debilitamiento deliberado del Estado, la desigualdad social, la ausencia de políticas inclusivas y las medidas económicas de corte ultraliberal derivaron en el aumento de índices de inseguridad, disputas entre grupos criminales por el control de cárceles y de territorios para venta de estupefacientes, y hasta en el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Tanto en México como en Ecuador el desafío del tráfico de drogas y de combate al crimen organizado se resolverá (aunque en nuestro país ya se ha venido resolviendo) con un enfoque que privilegie la distribución equitativa de la riqueza, el combate a la pobreza y la atención a las y los jóvenes. Todo lo anterior se complementa con cooperación bilateral con países como Estados Unidos o bloques como la Unión Europea, que son lugares en donde existe un alto consumo de estupefacientes.

Para muestra de la voluntad del Gobierno de México en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, cabe recordar la disminución del 20 por ciento en homicidios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023. Además, no se debe soslayar la detención de capos del narcotráfico como José Roberto Stolberg (alias “la Barbie”), Héctor Palma, Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán, entre muchos más, sin olvidar la cooperación con el Gobierno estadounidense, plasmada, por ejemplo, en el Entendimiento Bicentenario.

La recuperación progresiva y constante de la seguridad en México es una realidad, a pesar de años de desinstitucionalización estatal y abandono social.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X y Facebook: @RicardoMonrealA


La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tiroteo que tuvo lugar el 6 de enero en Petatlán, Guerrero, a causa del cual perdieron la vida varias personas en un palenque de pelea de gallos. Se presume como responsables de este hecho a dos organizaciones criminales; una de ellas sería la Guardia Guerrerense, y la otra, la Familia Michoacana, interesada en controlar la zona.

El mandatario también se refirió al bloqueo que diversos ciudadanos —entre ellos, taxistas, colonos y campesinos— realizaron el 9 de enero en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Técpan de Galeana, demandando la libertad de los detenidos por el asesinato de personas que se encontraban en el referido palenque.

Las autoridades locales señalaron que los pobladores retuvieron además a diez elementos de la Guardia Nacional (GN) para pedir la liberación de Gregorio Rodríguez Villa y Nicandro Vázquez Candia, los cuales —añadieron— tenían en sus manos armas largas y fueron detenidos en la comunidad de Jululucha, en Petatlán, acusados de participar en los homicidios del pasado 6 de enero.

El jefe del Estado mexicano reclamó que algunas comunidades protejan a grupos criminales a cambio de “migajas” como, por ejemplo, juguetes en Día de Reyes y despensas. Agregó que los delincuentes trafican con la pobreza de la gente, y repudió que se llevaran a cabo bloqueos en las carreteras y se retuviera a elementos de la GN tras el arresto de los presuntos delincuentes.

La herencia que dejaron tras de sí 36 años de desestructuración institucional y social del Estado, es decir, de neoliberalismo, así como de abandono de las y los jóvenes de las comunidades y poblaciones de nuestro país, dio como resultado, entre otros factores, la expansión de bandas criminales y del narcotráfico, y su colusión con autoridades de todos los niveles de gobierno.

Lo anterior, aunado a una demanda siempre presente de estupefacientes en mercados, sobre todo del norte del planeta. Por ejemplo, en su informe anual 2021, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó del aumento de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos y Canadá. Detalló, asimismo, que en la Unión Americana fallecieron por ese motivo más de 100,000 personas en los doce meses previos a abril de 2021.

El problema del crimen organizado ligado al narcotráfico no ha sido un desafío exclusivo de México. Lo que acontece, por ejemplo, en países como Ecuador deja ver también que el debilitamiento deliberado del Estado, la desigualdad social, la ausencia de políticas inclusivas y las medidas económicas de corte ultraliberal derivaron en el aumento de índices de inseguridad, disputas entre grupos criminales por el control de cárceles y de territorios para venta de estupefacientes, y hasta en el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Tanto en México como en Ecuador el desafío del tráfico de drogas y de combate al crimen organizado se resolverá (aunque en nuestro país ya se ha venido resolviendo) con un enfoque que privilegie la distribución equitativa de la riqueza, el combate a la pobreza y la atención a las y los jóvenes. Todo lo anterior se complementa con cooperación bilateral con países como Estados Unidos o bloques como la Unión Europea, que son lugares en donde existe un alto consumo de estupefacientes.

Para muestra de la voluntad del Gobierno de México en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, cabe recordar la disminución del 20 por ciento en homicidios entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023. Además, no se debe soslayar la detención de capos del narcotráfico como José Roberto Stolberg (alias “la Barbie”), Héctor Palma, Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán, entre muchos más, sin olvidar la cooperación con el Gobierno estadounidense, plasmada, por ejemplo, en el Entendimiento Bicentenario.

La recuperación progresiva y constante de la seguridad en México es una realidad, a pesar de años de desinstitucionalización estatal y abandono social.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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