En pocos días, se cumplirán ocho años de la promulgación de la Reforma Energética propuesta en 2013 por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto y respaldada por los partidos del tristemente célebre Pacto por México, que en 2021, sin máscara ni vergüenza, se transformarían en la alianza electoral Va x México.
Esta reforma privatizadora, que fue un regalo de las élites políticas a las grandes empresas extranjeras, no se habría concretado de no ser por los sobornos millonarios entregados a legisladores (con notables excepciones) de los distintos partidos, que no tuvieron de otra que esconderse en distintos salones y sedes para poder sesionar y aprobarla de manera ilegítima, y eso sin hablar de la posterior aprobación en los congresos locales, que la sacaron positivamente, como en el caso del Congreso de Nuevo León, en tan solo 3 minutos, o en el caso del Congreso de Puebla, que la aprobó en tan solo 12 minutos: sin discusión, con ausencia de trámite, silenciando las voces en contra.
A pesar del evidente fracaso de la reforma, que llegó bajo la promesa de bajar el precio de la luz para las familias, y lo aumentó cerca de un 40%, hay quienes hoy se resisten a dar marcha atrás, y ahora aprovechan los medios para difundir mentiras; o hacer campañas de desinformación en las redes sociales. En verdad, lo que ellos defienden, es que el Estado Mexicano, es decir, todas y todos nosotros, sigamos pagando cientos de miles de millones de pesos anuales a empresas extranjeras por servicios que no ofrecen, por contratos amañados, o por privilegios económicos y fiscales.
Mientras tanto, la CFE, una empresa pública que nos pertenece a todas y a todos los mexicanos y que es el principal productor de energía limpia en México, solo puede operar al 50% de su capacidad por culpa de esta reforma, y además, tiene que subvencionar estas pérdidas para que las grandes empresas extranjeras obtengan beneficios exagerados, y para que ciertas empresas paguen la luz cuatro veces más barata que las familias, como Oxxo, que además, escudados en el autoabasto, le cuestan al estado mexicano otros 7,500 millones de pesos adicionales al año, por la condonación del pago de las redes de transmisión eléctrica: negocio redondo.
Esta reforma está diseñada para proteger a un sector estratégico y salvaguardar la seguridad nacional, para que México no dependa de empresas extranjeras para cubrir su demanda eléctrica, y para que no sean estas mismas empresas extranjeras las que impongan el precio de la luz, como ocurre en España, donde ha subido el costo de la luz un 500% en unas pocas semanas por capricho de estas empresas privadas, que aún con esta reforma conservarán un nada desdeñable 46% del mercado para los privados. Rentabilidad e inversión sí, pero sin abusos, y bajo la rectoría del Estado Mexicano.
En la propuesta hecha por el presidente López Obrador, también se solicita que la transición energética, el proceso que nos permite avanzar masivamente hacia energías más limpias, sea elevada a rango constitucional para que sea encabezada por el potencial de CFE. Por nuestra parte, seguiremos informando sobre el contenido de esta reforma eléctrica en cada rincón del país y en los medios y redes sociales, para que detengamos, con el apoyo de todas y todos, este saqueo multimillonario, y recuperemos la soberanía sobre nuestro sector eléctrico, porque solo así, podremos garantizar el derecho a la electricidad para todas las familias.
