El tiempo para hablar de la desaceleración de la economía mexicana terminó, el país se debe preparar para una nueva etapa que, se debe decir, pudo evitarse.
La caída de la inversión fue el preámbulo de la contracción que ha exhibido la actividad económica.
Según el Inegi, el Indicador Global de la Actividad Económica retrocedió (-) 0.4 por ciento en agosto. Así acumuló cuatro tasas negativas en el último semestre.
El promedio del crecimiento del año es de sólo 0.1 por ciento, pero entre marzo y agosto fue de (-) 0.2 por ciento: es incorrecto hablar de estancamiento, el ciclo económico, y lo que se puede observar por los indicadores coincidente y adelantado, permiten confirmar que la actividad productiva mantiene una tendencia recesiva.
Sin un programa emergente integral, amplio y orientado por un profundo compromiso con el interés nacional, el cierre de 2019 y el inicio de 2020 terminarán por confirmar lo que se alertó al inicio del año: una recesión.
La estrategia de política económica debe incluir un gran acuerdo nacional para evitar que la afectación llegue al mercado laboral en forma de desempleo.
El año 2019 fue para evitar la desaceleración, pero se subestimó la relevancia de poner al crecimiento económico como el objetivo central de la estrategia de política económica en el inicio de la Cuarta Transformación.
Se priorizó la agenda social y política. La redistribución sin crecimiento económico fue la meta, pero no se valoró que México no tenía el margen económico y social para sacrificar el crecimiento.
Se detuvo la inversión que el país requiere para mantener y elevar la capacidad de consumo e inversión de 125 millones de personas y cinco millones de empresas.
El modesto aumento al gasto social se conceptualizó como suficiente para mitigar la precarización en la que viven 52 millones de mexicanos. No obstante, la falta de crecimiento redundará en la precarización de las condiciones de vida de quienes no dependen del gasto social y que no serán beneficiadas por el mismo.
Sin inversión no hay generación vigorosa de empleo, y las cifras del IMSS muestran la debilidad que existe en la creación de fuentes de trabajo en el sector formal de la actividad productiva.
Las cifras de septiembre a noviembre son una tregua atribuible al efecto estacional de fin de año. Se deberá ser cuidadoso: la calma precede a una etapa más compleja.
Diciembre mostrará el impacto de la desaceleración. Enero y febrero de 2020 confirmarán el sentido que tomará el mercado laboral formal y cuánto del empleo que se perderá acabará en la economía informal y en lo que se conoce como condiciones críticas de ocupación.
Si lo último ocurre, la población que depende de su empleo para solventar las necesidades económicas y de seguridad social de su familia será la más afectada. No habrá gasto de gobierno que compense su pérdida.
Para evitarlo, el gobierno deberá reconocer plenamente la situación que vive el país y la necesidad de enfrentarla con una estrategia distinta, más inclusiva hacia el sector privado, el único motor de la sociedad que puede preservar y crear empleo pero que requiere de una política económica con sentido social fundamentada en la fortaleza de las bases productivas nacionales.
México necesita aplicar lo que ha probado ser la clave del éxito en los países desarrollados y prósperos. La fractura social y económica debe ser desterrada.
