/ viernes 26 de junio de 2020

Recursos públicos, vigilante y vigilados

El martes pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se pronunció sobre la denuncia que presentaron dos partidos políticos (PAN y PRD) y una diputada contra el Presidente de la República y el Coordinador de Comunicación Social con motivo de la difusión pública del documento conocido como BOA (Bloque Opositor Amplio) en una conferencia mañanera.

La comisión negó la solicitud de medidas cautelares hecha por los denunciantes, porque consideró que si bien el acto denunciado constituía posibles hechos ilícitos (propaganda gubernamental con fines electorales), no podía ordenarse su suspensión porque no había elementos que permitieran demostrar que seguía difundiéndose. Sin embargo, anunció que, de continuar con la conducta, sí podría ejercer sus atribuciones y emitir las medidas.

También en la resolución hubo un pronunciamiento para que los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno (referencia especial al Presidente de la República y al señalado Coordinador por ser parte del asunto que se analizaba) ajusten su actos y conductas a lo establecido en la Constitución. Se hizo énfasis en no utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para incidir en asuntos electorales.

¿Debe llamarnos la atención el pronunciamiento de la Comisión? No. De hecho, es un firme recordatorio sobre el contenido de nuestra Constitución y ley electoral. También es un llamado oportuno, de cara al inicio del proceso electoral de 2021, a no desconocer que desde hace más de 12 años existen en el país reglas sobre el correcto uso de recursos públicos y de propaganda gubernamental.


En efecto, a finales de 2007 se incluyeron a nivel constitucional (artículo 134) dos obligaciones a cargo de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal). Por un lado, el deber de conducirse con imparcialidad en el manejo de los recursos públicos precisamente para no incidir en las contiendas políticas. También se estableció que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ese sentido, se prohibió expresamente hacer propaganda que implique promoción personalizada del servidor público, es decir, en ella no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos.

Las y los legisladores fueron claros al señalar: “Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna, la normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política…”.

Así, resulta evidente que la intención de incluir en la Constitución dichos mandatos tuvo como finalidad que el uso del dinero público, directa o indirectamente, no tenga consecuencias en el desarrollo de las elecciones y para ello se previó que la autoridad electoral (local o federal) se encargara de garantizar su cumplimiento.

Por ello no debe sorprendernos el pronunciamiento de la Comisión del INE y mucho menos que las autoridades electorales ejerzan sus atribuciones para garantizar el apego a de las y los servidores públicos a lo establecido en nuestro marco jurídico.

El INE ejerce sus facultades de manera permanente. La pandemia no ha detenido el trabajo institucional y actualmente está investigando conductas que han sido hecho de su conocimiento. Incluso distintos servidores públicos que han entregado apoyos personalizados disfrazados de ayuda a la ciudadanía se han quejado en redes sociales por la actuación oportuna y pertinente del Instituto.

No cabe duda de que las circunstancias actuales han afectado gravemente la economía de muchas personas. Sin embargo, la entrega de estos apoyos no debe significar el incumplimiento a nuestras leyes por parte de nuestros servidores públicos y mucho menos justificar que el INE incumpla sus obligaciones. Por supuesto, hay formas de hacer llegar la ayuda sin que ésta se convierta en propaganda.

De hecho, las investigaciones no son novedosas y mucho menos pueden ser consideradas arbitrarias o parciales. Desde 2008 hasta la fecha, el entonces IFE y el ahora INE ha ejercido su atribución de garantizar que quien desempeñe un cargo público se apegue a las reglas en materia de recursos públicos y propaganda gubernamental con fines electorales. La jerarquía del cargo nunca ha sido una limitante. La ley no distingue como tampoco lo hace la autoridad electoral.

Vivir en democracia implica aceptar las reglas que válidamente nos hemos otorgado. Tratándose de servidores públicos hay una previsión específica que refuerza ese deber: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si no hay autocontención para garantizar la vigencia de las reglas electorales, tengamos certeza que hay una autoridad que vigila su cumplimiento: se llama INE.


Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.

@ebuendiaz

El martes pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se pronunció sobre la denuncia que presentaron dos partidos políticos (PAN y PRD) y una diputada contra el Presidente de la República y el Coordinador de Comunicación Social con motivo de la difusión pública del documento conocido como BOA (Bloque Opositor Amplio) en una conferencia mañanera.

La comisión negó la solicitud de medidas cautelares hecha por los denunciantes, porque consideró que si bien el acto denunciado constituía posibles hechos ilícitos (propaganda gubernamental con fines electorales), no podía ordenarse su suspensión porque no había elementos que permitieran demostrar que seguía difundiéndose. Sin embargo, anunció que, de continuar con la conducta, sí podría ejercer sus atribuciones y emitir las medidas.

También en la resolución hubo un pronunciamiento para que los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno (referencia especial al Presidente de la República y al señalado Coordinador por ser parte del asunto que se analizaba) ajusten su actos y conductas a lo establecido en la Constitución. Se hizo énfasis en no utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para incidir en asuntos electorales.

¿Debe llamarnos la atención el pronunciamiento de la Comisión? No. De hecho, es un firme recordatorio sobre el contenido de nuestra Constitución y ley electoral. También es un llamado oportuno, de cara al inicio del proceso electoral de 2021, a no desconocer que desde hace más de 12 años existen en el país reglas sobre el correcto uso de recursos públicos y de propaganda gubernamental.


En efecto, a finales de 2007 se incluyeron a nivel constitucional (artículo 134) dos obligaciones a cargo de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal). Por un lado, el deber de conducirse con imparcialidad en el manejo de los recursos públicos precisamente para no incidir en las contiendas políticas. También se estableció que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ese sentido, se prohibió expresamente hacer propaganda que implique promoción personalizada del servidor público, es decir, en ella no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos.

Las y los legisladores fueron claros al señalar: “Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna, la normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política…”.

Así, resulta evidente que la intención de incluir en la Constitución dichos mandatos tuvo como finalidad que el uso del dinero público, directa o indirectamente, no tenga consecuencias en el desarrollo de las elecciones y para ello se previó que la autoridad electoral (local o federal) se encargara de garantizar su cumplimiento.

Por ello no debe sorprendernos el pronunciamiento de la Comisión del INE y mucho menos que las autoridades electorales ejerzan sus atribuciones para garantizar el apego a de las y los servidores públicos a lo establecido en nuestro marco jurídico.

El INE ejerce sus facultades de manera permanente. La pandemia no ha detenido el trabajo institucional y actualmente está investigando conductas que han sido hecho de su conocimiento. Incluso distintos servidores públicos que han entregado apoyos personalizados disfrazados de ayuda a la ciudadanía se han quejado en redes sociales por la actuación oportuna y pertinente del Instituto.

No cabe duda de que las circunstancias actuales han afectado gravemente la economía de muchas personas. Sin embargo, la entrega de estos apoyos no debe significar el incumplimiento a nuestras leyes por parte de nuestros servidores públicos y mucho menos justificar que el INE incumpla sus obligaciones. Por supuesto, hay formas de hacer llegar la ayuda sin que ésta se convierta en propaganda.

De hecho, las investigaciones no son novedosas y mucho menos pueden ser consideradas arbitrarias o parciales. Desde 2008 hasta la fecha, el entonces IFE y el ahora INE ha ejercido su atribución de garantizar que quien desempeñe un cargo público se apegue a las reglas en materia de recursos públicos y propaganda gubernamental con fines electorales. La jerarquía del cargo nunca ha sido una limitante. La ley no distingue como tampoco lo hace la autoridad electoral.

Vivir en democracia implica aceptar las reglas que válidamente nos hemos otorgado. Tratándose de servidores públicos hay una previsión específica que refuerza ese deber: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si no hay autocontención para garantizar la vigencia de las reglas electorales, tengamos certeza que hay una autoridad que vigila su cumplimiento: se llama INE.


Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.

@ebuendiaz

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