/ martes 16 de junio de 2020

Reformar el sistema de pensiones (I)

No solo en México, en todo el mundo las pensiones se han convertido en un dolor de cabeza. El financiamiento para el retiro se ha complicado en la medida que la población de mayor edad ha extendido su expectativa de vida y los niveles salariales se han reducido. El reciente planteamiento del Presidente López Obrador sobre las reformas que deben hacerse en México, responde a esa realidad pero ha despertado inquietud por los grandes intereses de los grupos financieros que obtienen enormes ganancias con el sistema actual muy rentable para ellos en tanto que una jubilación digna para los trabajadores se torna cada vez más incierta.

La crisis en todas partes se ha acentuado, tanto en los tradicionales sistemas de reparto —el francés por ejemplo— como en el impulsado por el modelo económico neoliberal, basado en cuentas individuales que supuestamente iban a corregir las deficiencias de aquellos, y acabaron por fracasar estrepitosamente, como lo demuestra el caso chileno, actualmente fuente de airadas protestas de los pensionados que reciben una miseria después de toda una vida de trabajo.

México no debe esperar a llegar a ese punto. Es comprensible no plantear la supresión total del régimen de Afores, pese a lo lesivo que resulta, puesto que representa una mina de oro para las instituciones financieras que manejan estos fondos los cuales llegan a los ¡4 millones de millones de pesos!, poco más del 14% del PIB del país. Las comisiones que cobran se aproximan a los 40 mil millones de pesos anuales, ganancias seguras descontadas puntualmente de los ahorros forzosos de los trabajadores, mientras estos no tienen ni idea de cuál será el monto de la pensión que alcanzarán al retirarse. El poder real de los administradores de estos fondos, vinculados estrechamente con empresas extranjeras, es inconmensurable, y su influencia puede impactar la estabilidad financiera nacional.

De ahí que deba procederse con prudencia y sensibilidad para corregir el error que significó la adopción del sistema de cuentas individuales. Además, el propio gobierno recibe recursos por la inversión que hacen las Afores en los bonos que emite, con la desventaja frente a un manejo público de los fondos —como antes se hacía— de que ahora tiene que pagar un interés a las referidas sociedades de inversión. Tales recursos alimentan los flujos destinados a cubrir las comisiones y utilidades de las corporaciones privadas, que bien podría ahorrarse el gobierno si una entidad pública manejara esos enormes fondos. No obstante, como en el caso de la reforma energética, se ve cuesta arriba revertir integralmente la efectuada en el régimen de pensiones pero, por lo menos, por el bien de los futuros pensionados y de la productividad del país, debe explorarse la mixtura del sistema privatizado y un mecanismo de administración pública, como lo hacen algunos países europeos.

Las previsiones en este sentido deben tomar en cuenta el hecho de que las fallas del sistema de cuentas individuales tendrán que ser cubiertas por el gobierno para complementar con recursos fiscales, la miserable pensión que derive de lo que a fin de cuentas le den al trabajador para que se “compre” una renta vitalicia. Por eso, si finalmente el gobierno tendrá que pagar por la parte de las pensiones que no podrá adquirir el trabajador con la ridícula cifra que le darán al final de su vida laboral, sería preferible que por lo menos parcialmente administrara el dinero acumulado destinándolo a finalidades públicas que también pueden ser productivas, y más favorables para el interés general que la inversión en valores de renta variable, la cual ha generado pérdidas para los trabajadores cuando las bolsas se caen.

En todo caso también podrían servir los recursos ahorrados por el trabajador y puestos en administración pública, para apoyar a las empresas privadas, pero no por la compra de acciones que pueden perder su valor, sino mediante créditos otorgados a los empresarios a una tasa fija, la cual permita garantizar el ingreso para el fondo de pensiones. Así, este consigue un beneficio, al tiempo que se apoya al sector privado del país..

La administración privatizada de los fondos de pensiones no ha demostrado ser mejor que la pública. El sistema de reparto operaba bajo el esquema de manejo público y los trabajadores alcanzaban sus pensiones sin sufrir una merma de sus aportaciones. Es verdad que el sistema podría derrumbarse en virtud de los cambios poblacionales y de que la parte superior de la pirámide, conformada por personas de mayor edad, iba aumentando, pero la solución adoptada no ha evitado el colapso sino, al contrario, lo ha precipitado de peor manera y para colmo, el sector público no ha podido emplear ese dinero para mejorar la infraestructura, como invertir en PEMEX, en CFE o en carreteras de cuota, tal como lo propuse hace 19 años en la Cámara de Diputados. De eso me ocuparé en la próxima entrega.

eduardoandrade1948@gmail.com

No solo en México, en todo el mundo las pensiones se han convertido en un dolor de cabeza. El financiamiento para el retiro se ha complicado en la medida que la población de mayor edad ha extendido su expectativa de vida y los niveles salariales se han reducido. El reciente planteamiento del Presidente López Obrador sobre las reformas que deben hacerse en México, responde a esa realidad pero ha despertado inquietud por los grandes intereses de los grupos financieros que obtienen enormes ganancias con el sistema actual muy rentable para ellos en tanto que una jubilación digna para los trabajadores se torna cada vez más incierta.

La crisis en todas partes se ha acentuado, tanto en los tradicionales sistemas de reparto —el francés por ejemplo— como en el impulsado por el modelo económico neoliberal, basado en cuentas individuales que supuestamente iban a corregir las deficiencias de aquellos, y acabaron por fracasar estrepitosamente, como lo demuestra el caso chileno, actualmente fuente de airadas protestas de los pensionados que reciben una miseria después de toda una vida de trabajo.

México no debe esperar a llegar a ese punto. Es comprensible no plantear la supresión total del régimen de Afores, pese a lo lesivo que resulta, puesto que representa una mina de oro para las instituciones financieras que manejan estos fondos los cuales llegan a los ¡4 millones de millones de pesos!, poco más del 14% del PIB del país. Las comisiones que cobran se aproximan a los 40 mil millones de pesos anuales, ganancias seguras descontadas puntualmente de los ahorros forzosos de los trabajadores, mientras estos no tienen ni idea de cuál será el monto de la pensión que alcanzarán al retirarse. El poder real de los administradores de estos fondos, vinculados estrechamente con empresas extranjeras, es inconmensurable, y su influencia puede impactar la estabilidad financiera nacional.

De ahí que deba procederse con prudencia y sensibilidad para corregir el error que significó la adopción del sistema de cuentas individuales. Además, el propio gobierno recibe recursos por la inversión que hacen las Afores en los bonos que emite, con la desventaja frente a un manejo público de los fondos —como antes se hacía— de que ahora tiene que pagar un interés a las referidas sociedades de inversión. Tales recursos alimentan los flujos destinados a cubrir las comisiones y utilidades de las corporaciones privadas, que bien podría ahorrarse el gobierno si una entidad pública manejara esos enormes fondos. No obstante, como en el caso de la reforma energética, se ve cuesta arriba revertir integralmente la efectuada en el régimen de pensiones pero, por lo menos, por el bien de los futuros pensionados y de la productividad del país, debe explorarse la mixtura del sistema privatizado y un mecanismo de administración pública, como lo hacen algunos países europeos.

Las previsiones en este sentido deben tomar en cuenta el hecho de que las fallas del sistema de cuentas individuales tendrán que ser cubiertas por el gobierno para complementar con recursos fiscales, la miserable pensión que derive de lo que a fin de cuentas le den al trabajador para que se “compre” una renta vitalicia. Por eso, si finalmente el gobierno tendrá que pagar por la parte de las pensiones que no podrá adquirir el trabajador con la ridícula cifra que le darán al final de su vida laboral, sería preferible que por lo menos parcialmente administrara el dinero acumulado destinándolo a finalidades públicas que también pueden ser productivas, y más favorables para el interés general que la inversión en valores de renta variable, la cual ha generado pérdidas para los trabajadores cuando las bolsas se caen.

En todo caso también podrían servir los recursos ahorrados por el trabajador y puestos en administración pública, para apoyar a las empresas privadas, pero no por la compra de acciones que pueden perder su valor, sino mediante créditos otorgados a los empresarios a una tasa fija, la cual permita garantizar el ingreso para el fondo de pensiones. Así, este consigue un beneficio, al tiempo que se apoya al sector privado del país..

La administración privatizada de los fondos de pensiones no ha demostrado ser mejor que la pública. El sistema de reparto operaba bajo el esquema de manejo público y los trabajadores alcanzaban sus pensiones sin sufrir una merma de sus aportaciones. Es verdad que el sistema podría derrumbarse en virtud de los cambios poblacionales y de que la parte superior de la pirámide, conformada por personas de mayor edad, iba aumentando, pero la solución adoptada no ha evitado el colapso sino, al contrario, lo ha precipitado de peor manera y para colmo, el sector público no ha podido emplear ese dinero para mejorar la infraestructura, como invertir en PEMEX, en CFE o en carreteras de cuota, tal como lo propuse hace 19 años en la Cámara de Diputados. De eso me ocuparé en la próxima entrega.

eduardoandrade1948@gmail.com

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