Las desventajas del sistema privatizado de pensiones ya se hacían evidentes desde los primeros años de su adopción, pero también era claro que la fuerza del capital financiero internacional impedía en la práctica su reversión y, en ese contexto, impulsé al frente de 78 diputados de la XLVIII Legislatura, en octubre de 2001, una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro que por lo menos obligara a que los recursos del ahorro interno efectivamente fortalecieron la infraestructura del país.
Una de nuestras principales preocupaciones era evitar la acelerada tendencia a la privatización del sector eléctrico cuyas necesidades de inversión podían satisfacerse con base en el ahorro interno. En ese documento exponía la necesidad de “integrar todos los aspectos de la política energética para aprovechar al máximo nuestras posibilidades de explotación de hidrocarburos vinculada a la atención de la demanda de fluido eléctrico” y expresaba la preocupación respecto del riesgo que representaba para el Estado mexicano la pérdida de la propiedad y el control de las empresas entonces encargadas de prestar este servicio público. A fin de mantenerlo, expresaba: “es perfectamente factible aprovechar el ahorro interno generado en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a efecto de que éste se canalice a la finalidad señalada.
Este ahorro constituye una fuente de financiamiento propia que garantizaría el abasto de energía sin tener que abrir este sector estratégico a la inversión extranjera. Consideramos que una fuente importante de dicho financiamiento se encuentra en los fondos depositados en las Afores. Dichos fondos para el retiro de los trabajadores deben invertirse en proyectos rentables, seguros y de largo plazo. El sector eléctrico reúne esas tres características y empleando adecuadamente esos recursos, administrados y vigilados por las empresas privadas que los manejan, en conjunción con el sector público, podría hacerse frente a las necesidades de inversión en un esquema mixto, sin que ello implique que la inversión extranjera deje de fluir a proyectos industriales diversos que a su vez serían soportados con la expansión del sector eléctrico.”
Agregaba la iniciativa: “Quienes suscribimos estimamos que es preciso mantener el esquema constitucional en materia eléctrica, ya que la adopción de un modelo de mercado a ultranza en el sector eléctrico...significaría la transformación del modelo del Estado mexicano basado en la economía mixta. Este modelo se sustenta en la idea central de que determinados sectores estratégicos deben ser manejados de manera exclusiva por el Estado porque de ellos depende la autodeterminación del país.”
Indicábamos que México, con sus propios recursos, debía buscar que “se fortalezca el sector eléctrico y se garantice una intensificación del desarrollo industrial y de servicios. Una fuente de la que pudieran surgir esos recursos son los fondos depositados en la Afores...Con base en ese financiamiento debería ser posible también obtener créditos que estarían garantizados por el propio avance del sector eléctrico y, eventualmente, sin poner en riesgo su carácter estratégico, abrir algunas áreas a la inversión privada que viniese a complementar este desarrollo, siempre regido por el sector público.” Como puede apreciarse, estábamos bien conscientes de que resultaba imposible negar un razonable margen de acción a la inversión foránea dadas las condiciones realmente imperantes en la economía mundial y comprendíamos que, como ahora, resultaba imprescindible abrir espacios a la negociación con los fuertes intereses detrás del propósito de expandir sus ganancias a través de la privatización de servicios públicos, los cuales habrían de reaccionar, como efectivamente lo hicieron, desplegando un intenso cabildeo que finalmente logró detener la aprobación de un proyecto nacionalista y económicamente viable y beneficioso para las propias administradoras de los fondos. En estos se estimaba que había depositados más de 460 mil millones de pesos, —ahora hay casi 9 veces más—los cuales estaban prácticamente en su totalidad invertidos en documentos gubernamentales.
Por eso, en la iniciativa se argumentaba: “El destino futuro de tan importantes cantidades no debe ser el de permanecer en el ámbito gubernamental, sino invertirse en actividades productivas que aseguren rendimientos constantes a largo plazo, para que el trabajador pueda acceder efectivamente a un retiro decoroso. Así, pues la rentabilidad debe ser un criterio fundamental para el empleo de estos recursos. No obstante, el propósito de obtener utilidades tiene que combinarse con la seguridad de la inversión, de modo que no se dilapide el dinero que con tanto esfuerzo aportan los asalariados.” Advertía yo desde entonces el riesgo de jugarse el dinero de los trabajadores en las Bolsas de Valores, pero a eso aludiré la próxima semana.
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