La semana pasada, en la Cámara de Senadores se llevó a cabo el Foro “Desafíos de la justicia mexicana”, en el que se anunció un trabajo en conjunto entre la Cámara Alta y la Cámara Baja para analizar las iniciativas de reforma al sistema judicial durante el tercer año del ejercicio de la pasada Legislatura y el primer y segundo de la presente, además de las propuestas por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El paquete legislativo se trata de treinta y una iniciativas presentadas en el Senado de la República pendientes de resolver en comisiones; de las cuales veinticuatro son en materia constitucional y, siete tienen que ver con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, en la Cámara de Diputados son nueve las iniciativas presentadas y pendientes de resolución en comisiones. De las cuales siete son constitucionales, una a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la otra de Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De forma general, algunos de los aspectos que buscan estas propuestas de reforma son combatir la corrupción, nepotismo e impunidad; consolidar a la SCJN como un verdadero Tribunal Constitucional; consolidar el sistema de justicia penal, tan abandonado; sentar las bases para un mejor sistema de justicia; brindar el acceso a una justicia moderna para todas las personas e impulsar la perspectiva de género como uno de los criterios de las y los juzgadores.
De manera más desmenuzada, las iniciativas presentadas en la Cámara alta versan en temas como: facultar al Poder Judicial para presentar iniciativas; competencia de las Salas de la SCJN; control parlamentario de nombramientos; renuncia y designación de Ministros de la Corte; nombramiento de Consejeros de la Judicatura; creación del Tribunal Anticorrupción y de la Tercera Sala en esta materia; poderes judiciales locales; paridad de género al interior de los Poderes Legislativo y Judicial Locales; designación de Magistrados Electorales; aplicación de examen a aspirantes a Ministro; fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación; así como facultades de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Por su parte, en la Cámara Baja las propuestas legislativas discurren en temas como: facultar al Poder Judicial para presentar iniciativas de leyes y decretos; facultar a la SCJN para presentar iniciativas de ley en lo relativo a su régimen interior; facultar a la SCJN para resolver amparos sobre pena de muerte; paridad de género en la elección de Ministro; independencia de los integrantes de la SCJN y la elección de Ministro de la SCJN.
Adicionalmente, en esta colegisladora, se presentaron dos iniciativas más, una de ellas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por la que se propone establecer la creación de un Registro Nacional de Mandamientos Judiciales, que formará parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública; con la finalidad de llevar un control y seguimiento de las órdenes de comparecencia, aprehensión, reaprehensión, cateo y, en su caso, arraigo que giren los órganos jurisdiccionales.
Y la otra iniciativa presentada es para reformar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de establecer que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato.
Los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras, en forma conjunta con el Presidente de la SCJN, acordaron en el Foro mencionado que este paquete de iniciativas será analizado de forma independiente a otras, porque se trata de una propuesta completa e integral de la transformación del Poder Judicial. Al respecto, también se convino conformar un grupo de alto nivel conformado por: representantes de los tres poderes de la Unión; la Fiscalía General de la República; Gobernadores de las entidades del país, y representantes de los Tribunales de justicia y Fiscalías estatales.
Grupo que redactará las iniciativas de reformas legales necesarias, que serán sometidas a la aprobación de las Cámaras, a partir del mes de septiembre de este año, que las modificaciones buscarán reformar el funcionamiento del poder judicial; sin que ello signifique una contrarreforma al sistema penal, regresiones en materia de derechos humanos o transgresiones a la autonomía al Poder Judicial.
Celebro el desarrollo de foros y espacios como este que, expresen la voluntad de querer lograr consensos y determinar acuerdos donde todas las instituciones se comprometan a llevar cabalmente sus acciones, a permitirse ayudar y estar en la mejor disposición de colaborar, pues sin estas calidades y cualidades nuestro sistema de justicia en general continuará condenado a la disparidad de criterios, protagonismos institucionales e impunidad.
Sin embargo, el grupo de trabajo que se va a conformar el próximo mes es una réplica del entonces Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, y es importante mencionarlo, pues a pesar de la firma de un acuerdo entre los Tres Poderes no hubo un seguimiento ni interés real de darle continuidad, y hoy, tristemente, esto lo vemos reflejado en la falta de colaboración y comunicación de las estructuras creadas al interior de las dependencias, cuya intención de sentarse en una mesa de coordinación a conversar sobre los tópicos pendientes para la procuración, administración e impartición ha sido nula.
Hoy estamos en un momento único de muestra de voluntades para trabajar en equipo y de manera coordinada, pero no olvidemos que las reformas consensuadas y aprobadas requieren de un esfuerzo de todos para su interpretación, implementación y sobre todo ejecución, para lograr los resultados óptimos y esperados como ciudadanos anhelantes de instituciones y sistemas justos.
