Por: Ernesto Villanueva
En los últimos meses se han escuchado voces que afirman que México ha tirado por la borda sus principios de política migratoria previstos en la Constitución y la ley. La realidad, sin embargo, no es así. No hay elementos que brinden sustento a estas afirmaciones que, las más de las veces, tienen un origen metajurídico y se insertan, en cambio, en los criterios de ventaja política. Veamos.
Primero. La Constitución y las leyes de migración que hoy están vigentes son exactamente las mismas de la administración anterior. No ha tenido lugar ninguna reforma, adición o abrogación normativa. Lo que sucede es que anteriormente había una negociación de la ley por corrupción e impunidad que hizo que la trata y el tráfico de personas gozara de cabal salud. Hoy, en cambio, se han ido minimizando estas prácticas en un prcoeso gradual, por aproximaciones sucesivas. Es paradójico cómo hoy diversos grupos se duelen porque se cumple y se hace cumplir la ley. Se apela a los “usos y costumbres” que anteponían todo tipo de interés, plausible o no, sobre la letra y el espíritu de la ley que distingue un Estado de derecho de otro que no lo es.
Segundo. No hay un solo caso judicial que tenga el carácter de cosa juzgada; es decir, que no admita apelación alguna donde el poder judicial de la Federación haya emitido un fallo en contra de lo dispuesto por la Constitución ni tampoco que se haya resuelto que las leyes secundarias adolecen de inconstitucionalidad. Este dato revela que también para la justicia federal no hay un diseño legal en la materia que se aparte de la Constitución o de los tratados internacionales que México ha firmado en el apartado de migración. Al menos en esta temática hay un núcleo duro en las disposiciones legales y en la interpretación judicial.
Tercero. Las críticas, como lo apunté al inicio de esta columna, al cumplimiento de la ley aducen argumentos de todo tipo, pero ninguno se sostiene en un tribunal de derecho. Es evidente que sea así, todos los países del mundo tienen la impronta de soberanía que, para estos efectos, supone la autodeterminación de quiénes y cómo pueden ingresar o cruzar su territorio nacional. No existe ninguna disposición supra nacional que obligue a país alguno a permitir coercitivamente a que se convierta en un “santuario” para los migrantes. De haberla, dejaría de existir la figura del Estado-nación como concepto y figura constitucional.
Cuarto. Sí existen y cada país tiene la potestad de decidir las particularidades de forma casuística sobre quién entra a su territorio y en qué carácter. En algunos países el criterio económico es un baremo, de suerte que si una persona va a invertir en un país y generar fuentes de empleo es bienvenida y existen los instrumentos legales para facilitar su entrada. Lo propio sucede con las mentes brillantes que por su particularidad se parte del supuesto razonable que van a aportar al país receptor en los rubros de la ciencia o la tecnología. La migración no es buena o mala per se. En México la migración a propósito de la dictadura de Franco en España trajo beneficios sustantivos al país en las diversas áreas de la vida nacional y del conocimiento. Lo mismo se puede decir de los exiliados argentinos y chilenos en los años 70´s que nutrieron las universidades mexicanas con generación de conocimiento de frontera.
Quinto. El quid del asunto es que en el caso mexicano donde gran parte de la población carece de empleo estable y remunerador, donde hay carencias en los servicios públicos básicos, donde son limitadas las oportunidades de desarrollo, es natural que por razones de prelación y equidad primero debe atenderse las necesidades de los propios y después- sólo después- de otros nacionales que no se encuentren en las excepciones de migración formada y/o con recursos de inversión que generen un círculo virtuoso en el país. Y esto no es ninguna discriminación ni mucho menos, es ejercer la soberanía con la Constitución en la mano para bien de los ciudadanos mexicanos.
@evillanuevamx
.jpg "Diseño sin título (80).jpg")