/ sábado 10 de abril de 2021

Regular el outsourcing

Siempre es mejor privilegiar los acuerdos que imponer una desicion; muestra de ello es el reciente pacto al que llegaron el Gobierno federal, los sindicatos y los empresarios en torno al outsourcing (subcontratación) porque, finalmente, los que salen ganando son los trabajadores.

Y es que, en México, según el Inegi, hay 4.6 millones de empleados contratados por outsourcing, mientras que seis de cada diez trabajadores se mueven en la informalidad, por lo que no tienen acceso a prestaciones laborales de ley. Además, alrededor de 860 mil empleados sufren condiciones de subvaluación laboral, es decir, que los patrones los registran ante el IMSS con un salario menor al que realmente reciben.

Pero ¿Qué es el outsourcing? es un mecanismo de contratación de personal a través de una empresa ajena a la compañía donde va a laborar, por eso también se le denomina proceso de subcontratación.

Así que resulta relevante que luego de tres meses de negociaciones el gobierno, los representantes obreros y los empresarios convinieron que se prohibirá la subcontratación laboral, pero solo la de personal dirigido a las actividades preponderantes de las empresas.

El llamado Outsourcing solo podrá usarse en labores especializadas no propias del objeto social de los negocios y se dará un plazo de tres meses a los patrones para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina real.

El acuerdo prevé limitar el pago de utilidades a los trabajadores a un máximo de 90 días de salario. Para ello se contempla la creación de dos modalidades para el cálculo del reparto, la primera es establecer un tope de tres meses y/o en su caso tomar el promedio de los últimos tres años. Con esta fórmula se pretende eliminar la discrecionalidad y lograr un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

En el documento establece que las empresas proveedoras de servicios especializados deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo, mismo que deberá ser renovado cada tres años y podría ser cancelado en cualquier momento en caso de incumplimiento de los requisitos que defina la dependencia. Además, rendirán reportes cuatrimestrales de los contratos de subcontratación que celebren al IMSS y al Infonavit.

Este avance permitirá que la discusión en el pleno de San Lázaro se realice en el transcurso de la próxima semana.

Cabe recordar que reunión de la firma del acuerdo acudieron como representantes del sector empresarial: Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana; José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales.

Por el sector obrero estuvieron presentes: Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México; Abel Domínguez Azuz, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos; Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes; Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos; Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México; Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y también senador; Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana; Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores.

De igual forma asistieron por parte del Poder Legislativo los presidentes de las Juntas de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ignacio Mier Velazco.

Y por parte del gobierno federal además del Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público; Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal; Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria; Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación y Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.


Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Siempre es mejor privilegiar los acuerdos que imponer una desicion; muestra de ello es el reciente pacto al que llegaron el Gobierno federal, los sindicatos y los empresarios en torno al outsourcing (subcontratación) porque, finalmente, los que salen ganando son los trabajadores.

Y es que, en México, según el Inegi, hay 4.6 millones de empleados contratados por outsourcing, mientras que seis de cada diez trabajadores se mueven en la informalidad, por lo que no tienen acceso a prestaciones laborales de ley. Además, alrededor de 860 mil empleados sufren condiciones de subvaluación laboral, es decir, que los patrones los registran ante el IMSS con un salario menor al que realmente reciben.

Pero ¿Qué es el outsourcing? es un mecanismo de contratación de personal a través de una empresa ajena a la compañía donde va a laborar, por eso también se le denomina proceso de subcontratación.

Así que resulta relevante que luego de tres meses de negociaciones el gobierno, los representantes obreros y los empresarios convinieron que se prohibirá la subcontratación laboral, pero solo la de personal dirigido a las actividades preponderantes de las empresas.

El llamado Outsourcing solo podrá usarse en labores especializadas no propias del objeto social de los negocios y se dará un plazo de tres meses a los patrones para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina real.

El acuerdo prevé limitar el pago de utilidades a los trabajadores a un máximo de 90 días de salario. Para ello se contempla la creación de dos modalidades para el cálculo del reparto, la primera es establecer un tope de tres meses y/o en su caso tomar el promedio de los últimos tres años. Con esta fórmula se pretende eliminar la discrecionalidad y lograr un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

En el documento establece que las empresas proveedoras de servicios especializados deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo, mismo que deberá ser renovado cada tres años y podría ser cancelado en cualquier momento en caso de incumplimiento de los requisitos que defina la dependencia. Además, rendirán reportes cuatrimestrales de los contratos de subcontratación que celebren al IMSS y al Infonavit.

Este avance permitirá que la discusión en el pleno de San Lázaro se realice en el transcurso de la próxima semana.

Cabe recordar que reunión de la firma del acuerdo acudieron como representantes del sector empresarial: Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana; José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales.

Por el sector obrero estuvieron presentes: Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México; Abel Domínguez Azuz, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos; Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes; Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos; Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México; Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y también senador; Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana; Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores.

De igual forma asistieron por parte del Poder Legislativo los presidentes de las Juntas de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ignacio Mier Velazco.

Y por parte del gobierno federal además del Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público; Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal; Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria; Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación y Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.


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